Frenazo al acuerdo Colombia-EE UU

Buenos Aires- La Justicia colombiana sigue paralizando los acuerdos firmados durante la era Uribe. Después de tantas polémicas y tambores de guerra desafinados, un fallo del Constitucional dejó sin efecto el convenio que permitía a militares de EE UU operar en siete bases en Colombia. La Corte ordena que el acuerdo sea aprobado por el Congreso antes de entrar en vigor.

Al no haber sido avalado por el Legislativo, «el acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta que no satisfaga dicha exigencia», declaró el presidente de la Corte, Mauricio González. Y en caso de que sea enviado y aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, deberá ser sometido a un nuevo examen del tribunal.

Por su parte el Ejecutivo, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que acata la decisión y que «la estudiará detalladamente a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables».

En su pronunciamiento, el Gobierno de Juan Manuel Santos destacó que la decisión de la Corte «no afecta a los acuerdos previamente suscritos y vigentes con EE UU», los cuales, dijo, «se seguirán cumpliendo de buena fe».

«Patata caliente»
Al dejar sin efecto un acuerdo que le permitía a Estados Unidos usar siete bases militares en Colombia, la Corte Constitucional de este país le quitó una «patata caliente» al nuevo presidente. La firma de ese convenio militar en octubre de 2009 causó un profundo malestar en Venezuela, en la región andina y en Suramérica, y aunque hace una semana Santos y Hugo Chávez decidieron restablecer relaciones diplomáticas y comerciales, el uso de las bases en Colombia por parte de Estados Unidos seguía siendo un factor de tensión.

El acuerdo permitía la utilización por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra grupos armados ilegales. Washington descartó en todo momento toda acción contra Venezuela desde suelo colombiano. Asimismo, autorizaba un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles.

Tratado internacional
En su sentencia, la Corte consideró que el uso de bases por parte de tropas extranjeras debe estar amparado por un tratado internacional, y no por los acuerdos de cooperación entre los dos países. Habrá que esperar a que el texto sea reescrito, aprobado en el Congreso y refrendado por la Justicia. Pero aún no se sabe si Santos someterá el acuerdo a la aprobación del Congreso de Colombia, donde tiene amplias mayorías, y el texto, en teoría, no tendría mayores dificultades en ser aprobado.

Aunque este acuerdo fue suscrito por el propio Santos y por el ex presidente Álvaro Uribe, no está claro si el nuevo mandatario estará dispuesto a impulsar por segunda vez un convenio tan impopular en la región.

ANÁLISIS
Un trámite parlamentario sin consecuencias para el fondo del acuerdo
- ¿Qué efectos puede tener la decisión del Tribunal Constitucional sobre el acuerdo entre Colombia y EE UU?
–El Alto Tribunal ha emitido su dictamen sobre una cuestión de forma, no de fondo. Los jueces consideran que el procedimiento empleado para aprobar el acuerdo no se ajusta a las leyes porque debería haber sido ratificado por el Parlamento colombiano, ya que contiene «nuevas obligaciones del Estado» respecto al anterior pacto militar firmado con Estados Unidos.

- ¿Obliga el Tribunal a cambiar algún aspecto del pacto?
–La Corte no cuestiona el contenido del convenio y, por tanto, no pide que se cambie su texto. Sólo apunta que debe cumplir el trámite parlamentario. Sin embargo, es posible que el nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos aproveche su vuelta a la Cámara para renegociar algunos detalles que en ningún caso afectarán al fondo, es decir a la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

- ¿Por qué el ex presidente Álvaro Uribe no cumplió el procedimiento que ahora exige el Constitucional?
–Uribe siempre defendió que este acuerdo era una simple extensión de los convenios suscritos con Estados Unidos desde 1974 y, por tanto, no era necesario su paso por el Congreso colombiano.