Los policías que grabaron el «Faisán» no aclaran al juez por qué la cinta tiene cortes

El instructor había citado a los agentes a la vista de un informe de la Guardia Civil que concluía que esos lapsus no fueron accidentales. Para el Instituto Armado, las interrupciones se produjeron intencionadamente o por negligencia. Pero los policías –citados como peritos– negaron la mayor. Según fuentes jurídicas, ratificaron que en ningún caso pararon la grabación y que se limitaban a cambiar las cintas cuando se agotaban. «No han explicado a qué se deben los cortes», aseguraron esas mismas fuentes, que recalcaron que «todos contaban lo mismo, parecían máquinas».
«Han explicado al juez que ponían en marcha la grabación y luego cambiaban la cinta por la tarde; así todos los días». «Dicen que no le dieron al stop», ni siquiera por equivocación porque las cintas tampoco se rebobinaban.
Según los agentes, en la oficina desde la que se tomaron las imágenes de la parte delantera del bar Faisán de Irún (situada en un edificio que estaba enfrente) siempre había alguien controlando la grabación. De hecho, el equipo encargado de la misma, integrado por tres policías, se relevaba cada semana.
«Cuando había alguna incidencia importante –explicaron los policías interrogados, según las mismas fuentes– la apuntaban en una libreta y, al día siguiente, la anotaban en la cinta adhesiva de la cinta». «El vídeo no se tocaba», ratificaron al magistrado.
Los policías que se hicieron cargo del dispositivo fueron preguntados varias veces en relación a las órdenes que recibían y de quién partían, pero invariablemente contestaban que «no se acordaban». A lo sumo, precisaban que «de un inspector».
Además, Ruz tomó declaración a los técnicos de Telefónica que elaboraron un informe ampliatorio sobre el tráfico de llamadas el día del chivatazo, que explicaron al juez que, aunque las mismas pudieron ser captadas por postes franceses, el operador en todo caso no podía variar.

Un «colaborador» de ETA, libre al prescribir el delito
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha sobreseido la causa abierta por colaboración con organización terrorista contra Esteban Murillo –que estaba acusado de participar en un atentado perpetrado en Pamplona en abril de 1982– dado que el delito ya ha prescrito. En la resolución se especifica que Murillo fue imputado más de 18 años después de que se produjera la acción terrorista, que costó la vida a un agente. La Fiscalía –que fue quien alertó de que el delito podía haber prescrito– pedía ocho años de cárcel para Murillo por un delito de colaboración con ETA. Las autoridades francesas entregaron a España en octubre de 2009 al imputado, que fue detenido en Bidarrai, al sur de Francia, en aplicación de una orden europea de detención.