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Justicia y austeridad por Álvaro Redondo Hermida

La austeridad ya es patrimonio de la Justicia, que ha sido administrada por jueces, fiscales y funcionarios que no buscan el esplendor

La Razón
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La austeridad se encuentra presente en el debate social de nuestros días, y la situación de la economía y del trabajo nos invita a pensar sobre dicha cualidad, que siempre se predicó de la Justicia, pero que en los tiempos que corren cobra caracteres de vocación. El Tribunal Supremo afirma que hay seis cualidades que son imprescindibles para una Justicia ética, unas cualidades que confieren a dicha función un carácter especial que la hace reconocible de inmediato y acreedora del respeto de todos, pero que al tiempo le impone unas normas algo más exigentes que las que el mero hecho de formar parte de la sociedad impone al resto de los ciudadanos. Dicho Tribunal, en su sentencia de 9-6-80, enumera dichas seis cualidades, que ahora vamos a comentar.

La Justicia ha de ser respetable, porque tiene que ser administrada por personas a las que se encomienda una misión de autoridad que debe servir para defender la dignidad misma de la sociedad (STS 5-12-90). La Justicia ha de ser incorruptible, cualidad que asegura su prestigio y fortalece la confianza de los ciudadanos frente a todo recelo originado por la condición humana de los magistrados (STS 19-11-83). La Justicia ha de ser recta, porque tiene que impartirse en conciencia, sin inspirarse en motivos arbitrarios, y sin otro freno que la rectitud de juicio y las normas éticas que deben presidir la función de juzgar (STS 14-10-80). La Justicia ha de ser imparcial, porque así se asegura que se encuentre en condiciones de resolver un caso, cuando no tiene relación alguna con las partes en litigio ni tiene interés en el asunto de que se trate (STS 17-4-99). La Justicia ha de ser ecuánime, condición que le debe permitir establecer una clara frontera entre lo permitido y lo prohibido. El juez y el fiscal deben saber comprender determinadas situaciones en que una persona se ve obligada a actuar por motivos que no puede superar, pero deben saber también reprimir conductas que no pueden quedar impunes, porque ello provocaría la inseguridad (ATS 15-7-10).

Por último, hemos de recordar la exigencia del momento: la Justicia ha de ser austera. La austeridad es la única condición que el Tribunal Supremo no ha definido todavía, dejando que sea el ciudadano el que acuda al significado general de la palabra para alcanzar su sentido. Como no puede ser de otro modo, nuestro diccionario nos pone al tanto de lo que quiere decir tal expresión. «Sobrio, morigerado, sencillo y sin alardes». Así define la Academia la cualidad de austero. La austeridad ya es patrimonio de la Justicia, que tradicionalmente ha sido administrada por jueces, fiscales y funcionarios que no buscan el esplendor, sino que consideran su tarea como un medio de vida decoroso, resultado de un equilibrio entre el trabajo bien hecho y un salario digno. Sencillos y sin alardes, quienes entregan su vida a la Justicia han seguido siempre el camino que desde el comienzo se han trazado, un camino esforzado que les hace resistir a la crítica excesiva y también rehuir el elogio interesado, un camino largo pero entrañable y lleno de vivencias en el que la Ley es el norte y en el que la dignidad es la luz. Ello no impide que deban plantearse concretas mejoras en la asignación de los recursos, que permitan una reducción del gasto que no pase por la injustificada disminución del sueldo de los funcionarios, cuya retribución no es desproporcionada para la tarea que asumen. Sería conveniente completar la digitalización del proceso, del modo de ir suprimiendo el soporte documental en papel. Debe redimensionarse el Consejo General del Poder Judicial, evitando la hipertrofia de su función representativa en desdoro de su eficacia gestora. Debe unificarse la formación de jueces y fiscales bajo una gestión conjunta del Consejo y la Fiscalía General del Estado, permitiéndose el trasvase de magistrados de una a otra Carrera. Debe mejorarse el control de las asignaciones y gastos extraordinarios. Debe confiarse la instrucción de los procesos penales al Ministerio Fiscal, con garantía judicial de la prisión y medidas análogas, para mejor utilizar las condiciones profesionales y éticas de los fiscales, quienes en la práctica ya vienen asumiendo el protagonismo en la dirección de las investigaciones.

La Justicia es una misión confiada a personas con vocación de servicio, cuya sola distinción ha sido siempre el derecho de vestir la toga. Como afirma el voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional 38-2000, vestir la toga es un signo distintivo, para un mayor esplendor de la Justicia en el sobrio estilo que le es propio. Vivimos épocas en que la austeridad ha dejado de ser virtud para convertirse en imperativo. Como decía Pablo VI, la austeridad es la defensa de los valores verdaderos (Audiencia del 21-1-76) y la necesidad moral de nuestro tiempo («Ecclesiam suam», 20).

 

Álvaro Redondo Hermida
Fiscal del Tribunal Supremo