Con la venia del Gobierno

El lunes, las cientos de personas que intentaron acampar en la Puerta del Sol, bajo el lema de «Democracia real ya», fueron desalojados por orden del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ayer, a pesar de la prohibición de la concentración por parte de la Junta Electoral, miles de personas desafiaron a la Delegación del Gobierno reuniéndose a las 20:00 horas en el kilómetro cero de Madrid con total impunidad. La Policía Nacional, responsable de hacer cumplir con la resolución de la Junta emitida a las 17:00 horas, no impidió la reunión. A las 19:00 horas, los agentes pusieron en marcha un dispositivo «disuasorio» y se limitaron a situarse en las entradas de la plaza y registrar las mochilas y bolsos de las personas, que accedieron de forma masiva a la Puerta del Sol para asisitir a la concentración.

¿Qué cambió? El desalojo del lunes se produjo a instancias del Ayuntamiento de Madrid por «ocupación –ilegal– de la vía pública». Sin embargo, ante la masiva concentración de personas, el martes a última hora, el Ayuntamiento dio traslado del «problema» a la Delegación del Gobierno, al entender que la concentración había adquirido la categoría de «orden público», cuyo mantenimiento es de competencia estatal.

La representante del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, recibió el martes por la tarde la solicitud de los manifestantes para concentrarse de nuevo en el kilómetro cero a las 20:00. Carrión dejó el caso en manos de la Junta Electoral Provincial y permitió desde ese momento la acampada en la plaza más representativa de la capital, en base al «derecho de reunión». Bajo esta premisa, los manifestantes no sólo se organizaron en asambleas de alimentación o comunicación, lanzaron la convocatoria para las 20:00 horas a través de las redes sociales y se prepararon para pasar otra noche en tiendas de campaña.

Tres horas antes del inicio de la concentración, la Junta Electoral Provincial prohibió su celebración por considerar que se solicitó con una urgencia no justificada y porque «puede afectar la libertad a ejercer el voto». Este mismo protocolo de prohibiciones, por parte de las Juntas Electorales Provinciales, se repitió durante la tarde de ayer en el resto de ciudades de España.

ANÁLISIS
Sin respaldo jurídico para «ocupar»
- ¿De quién es la principal responsabilidad de la «ocupación» de Sol?
De la Delegación del Gobierno, ya que para que se pueda realizar una concentración de ese tipo es necesario que se le pida autorización y que la misma le sea concedida.
- ¿Existe algún respaldo legal que justifique la concentración?
–En principio, no existe ninguna norma jurídica que otorgue protección legal a los concentrados, En este caso, sólo existe un respaldo y una actitud «de tolerancia».
- ¿Debe actuar la Junta Electoral si se pretende «reventar» el día de reflexión?
–Sí. Puede y debe, siempre que se lancen mensajes o se realicen actos de claro carácter electoral. Sin embargo, no puede ir más allá.
- Si hay daños materiales a a personas, ¿quiénes serían responsables?
–En primer lugar, los convocantes, los responsables de la concentración; y, en última instancia, también podría ser la Delegación del Gobierno, por dejación de sus funciones al permitir ese acto durante varios días.