Sevilla

El TSJ andaluz exige investigar a Chaves por dar subvenciones a la empresa de su hija

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 31 de julio de 2009 que eludió expedientar al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por no inhibirse en relación a la subvención otorgada por el Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra.

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Los hechos se remontan a junio de 2009. El PP andaluz denunció al ex presidente andaluz por una posible infracción del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, ya que el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009, presidido por Chaves, ratificó un incentivo de más de diez millones de euros a la empresa Matsa, donde trabajaba su hija. El Partido Popular mantenía que el actual vicepresidente tercero debió inhibirse, algo que no hizo.

Sin embargo, con Chaves ya en Madrid, el Ejecutivo de Griñán se valió de un informe de la propia Consejería de Justicia para no abrirle expediente sancionador. En él se argumentaba que la intervención de la hija del ministro de Política Territorial en el expediente fue posterior a la concesión de la subvención y que Chaves se limitó a ratificar como presidente la aprobación de la ayuda económica. Esa decisión es la que el TSJ andaluz califica de «arbitraria e injustificada», señala que los hechos tienen «una gravedad que exigían una mínima investigación» y estima el recurso interpuesto por cinco diputados del PP.

La Junta de Andalucía anunció ayer que recurrirá el fallo y apela al voto discrepante de uno de los ponentes, el magistrado Julián Manuel Moreno. «La existencia de una denuncia anterior a la de los hoy demandantes no puede considerarse, a mi juicio, elemento determinante para concluir que existen unos hechos que por su gravedad o verosimilitud deben ser investigados mediante un procedimiento sancionador», asegura el presidente de la Sala Primera de lo Contencioso-administrativo.

Por su parte, el PP volverá a llevar este asunto al Congreso y pedirá explicaciones a Chaves el próximo 26 de enero, en la sesión de control Gobierno.