Un ejército de 333772 delegados al servicio de los sindicatos

Para ello, tienen a su servicio un auténtico ejército de delegados, que se desplegará en esa jornada por todo el país. Su misión consistirá en recordar a los trabajadores la necesidad de secundar el paro, después de la agresión cometida por el Gobierno con la reforma laboral, que consagra el despido con 20 días de indemnización por año trabajado.

De hecho, entre todas las organizaciones sindicales cuenta con un total de 333.772 representantes sindicales, incluidos los de las Administraciones Públicas. De esta cuantía, 42.944 pertenecen a las Administraciones Públicas, según el censo de 2009 facilitado por el departamento de Celestino Corbacho.

Los restantes 290.828 engrosan las filas de los representantes sindicales de las empresas españolas. Es decir, por cada 39 trabajadores existe un delegado de personal o representante de los trabajadores. Según el grado de cobertura de la base de convenios colectivos de la patronal CEOE, las empresas dedican 7,3 millones de horas sindicales al año. No existen cálculos oficiales de cuánto pagan las compañías por estas horas sindicales de obligado cumplimiento, según el Estatuto de los Trabajadores.

Ránking
Las empresas catalanas figuran en el primer lugar del ránking de representantes sindicales, con la cifra nada desdeñable de 54.097 personas. Le sigue las compañías instaladas en Andalucía, con 40.433 delegados. Mientras, las comunidades madrileña y valenciana ocupan el tercer y cuarto lugar, con 36.517 y 31.765 representantes, respectivamente. La radiografía de este ejército a disposición de las centrales sindicales la completan 4.127 personas, que se encuentran liberadas totalmente por sus empresas para ejercer un puesto en las organizaciones sindicales. Si se estima un sueldo laboral medio de 50.000 euros anules por cada uno de ellos, el coste total de estos 4.127 liberados sindicales para las sociedades asciende a 250 millones de euros, sin contar con el coste de reposición y la productividad asociada.

A la espera
En estos momentos, los delegados sindicales se encuentran a la espera de recibir las instrucciones oportunas de sus respectivas centrales para desplegarse cada uno por su ciudad el 29-S. Los sindicatos han depositado en sus manos el éxito o el fracaso de la convocatoria.

El Gobierno, por su parte, deberá contrarrestar este auténtico ejército de los sindicatos con un nutrido dispositivo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en esa jornada velarán por que los ciudadanos puedan compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho a acudir a sus puestos de trabajo.

El Ejecutivo prepara ya una especie de gabinete de crisis que seguirá cualquier incidente que ocurra en esa jornada. Ese gabinete de crisis ha estado integrado en anteriores huelgas generales por los ministros de Interior, Defensa, Trabajo y Economía.


Aguirre suprimirá por ley 1.930 liberados sindicales
Desde hace dos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid planea reducir el elevado número de trabajadores de la Administración pública con estatus de liberado sindical. Las cifras de estos empleados dedicados parcial o exclusivamente a defender los derechos de los trabajadores se había disparado en los últimos a golpe de negociaciones entre los sindicatos y la Administración. En concreto, en la Comunidad hay actualmente cerca de 3.500 liberados sindicales, 1.930 más de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical. El objetivo del Gobierno regional es suprimir este «excedente» mediante una ley con la que también se rebajará de 75 a 40 las horas al mes que los liberados que se queden tengan para llevar a cabo su función. Según explicaron a este periódico desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en estos dos últimos años se ha intentado negociar la reducción del número de liberados pero, ante la negativa por parte de los sindicatos a renunciar a este estatus, el Gobierno regional ha determinado suprimirlos mediante una ley. Ayer, Esperanza Aguirre reclamó en la Asamblea regional que las centrales sindicales «no pueden estar ajenos a la situación económica».