Estado de impotencia

La síntesis más atinada de cómo el Gobierno ha gestionado la crisis aérea más grave que ha sufrido España la ofreció ayer Mariano Rajoy en el Congreso: «La declaración del Estado de Alarma es una declaración de impotencia que establece un precedente de nuevos conflictos laborales». En efecto, dos cosas quedaron muy claras en la sesión parlamentaria, que abrió Zapatero después de seis días de calculado silencio: una, que los controladores perdieron toda razón cuando abandonaron sus puestos de trabajo y colapsaron el espacio aéreo; y dos, que el Gobierno se vio obligado a tomar decisiones extremas por no haber solucionado durante un año de negociaciones un conflicto laboral como hay tantos en la Administración. Prácticamente todos los grupos de la oposición recriminaron al ministro de Fomento y, por extensión, a todo el gabinete su pésima gestión, mezcla de improvisación y autoritarismo. De muy poco sirvió el voluntarioso discurso de Zapatero, empeñado en edulcorar las amargas medidas de excepción decretadas para sofocar una rebelión sindical. Pese a su prolija argumentación de por qué y en qué base legal se amparó para militarizar a los controladores y, a continuación, declarar el Estado de Alarma, el presidente del Gobierno no fue capaz de explicar por qué no se han cumplido ninguna de las promesas hechas por el Ministerio de Fomento en febrero pasado de pactar un nuevo convenio colectivo, homologar a los controladores militares, ampliar plantillas y acudir al mercado internacional si se retrasaba el proceso de formación. Más aún, como denunció el líder del PP, el Gobierno no ha hecho nada en los últimos seis años para resolver un problema que él mismo creó al denunciar en 2004 el convenio colectivo de los controladores. Seis años malgastados mientras el tráfico aéreo se ha multiplicado exponencialmente. Seis años de ineficiencia que se han intentado resolver improvisando tres decretos en el último minuto y echando mano del Ejército. Uno de los varios interrogantes que Zapatero no despejó ayer es por qué el Gobierno, sabiendo que los paros de los controladores iniciados en Galicia a principios de esa semana podían extenderse al resto de España, no puso inmediatamente en marcha una negociación de urgencia, en vez de recurrir a medidas de excepción. También fracasó el presidente en su intento de minimizar el alcance y las consecuencias del Estado de Alarma, como si fuera una herramienta inocua y de fácil manejo. No lo es, y menos aún aplicada a sofocar un conflicto laboral que se ha salido de madre. De ahí que no deba prolongarse más allá del plazo inicialmente establecido. El Gobierno no debe parapetarse en leyes excepcionales para encubrir su ineficacia. Es verdad que ayer casi todos los grupos parlamentarios apoyaron con matices la resolución de la crisis. Pero también hubo unanimidad en reprochar al Gobierno su falta de diligencia, su inoportunidad y su impericia para solventar el conflicto mediante la negociación. El equipo socialista ha creado un precedente sumamente peligroso que limita derechos laborales y sindicales; nunca nadie se había atrevido a tanto.