Salvar la Sagrada Familia

El templo de la Sagrada Familia de Barcelona no sólo es un monumento de incalculable valor artístico e incluso turístico. Tampoco puede limitarse su trascendencia a que sea el máximo exponente de la arquitectura catalana y la obra maestra del genio Antoni Gaudí. Más allá de que se trate del símbolo por excelencia de la ciudad de Barcelona, la obra, que comenzó a construirse en 1882 y todavía hoy no está concluida, es patrimonio de España y también del mundo. Que una obra así, que es el reclamo universal para la llegada de millones de turistas extranjeros a nuestro país, pueda estar en peligro debe ser motivo más que suficiente para que las administraciones activen todos los medios a su alcance con el único propósito de protegerla. Y que el templo de templos se encuentre en riesgo de sufrir importantes daños por una obra de la Administración con alternativas viables encima de la mesa no sólo es una temeridad, sino que resulta una irresponsabilidad política intolerable. La situación real es que las obras del túnel del AVE a su paso por la Sagrada Familia no ofrecen las garantías suficientes para certificar la seguridad de un monumento histórico. Las dudas sobre el actual proyecto no surgen de caprichos ciudadanos o políticos, con oscuros intereses de por medio. En absoluto. Dos informes técnicos independientes avalan la tesis de los riesgos para la Sagrada Familia si se persiste en el actual trazado y no se detienen de inmediato las obras. El primero, de la Unesco, alertó el pasado mes de febrero de los peligros que corría el monumento y recomendaba una modificación del proyecto para evitar contingencias innecesarias. El segundo, del perito elegido por la Audiencia Nacional para evaluar el tramo del AVE cuestionado, el catedrático de Ferrocarriles de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid Manuel Melis, concluyó que los trabajos de la tuneladora deben paralizarse antes de que discurran bajo el templo. Es el criterio de dos expertos de la máxima solvencia y prestigio que debería al menos suscitar las dudas del Gobierno y de la Generalitat. No ha sido así, lo que ha obligado a los partidos de la oposición a promover iniciativas en defensa de un bien colectivo. El PP y CiU han comenzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña para frenar las obras y sopesar alternativas que no fuercen situaciones cuando un patrimonio artístico incalculable está en cuestión. La voluntad y el compromiso de ambas formaciones, que responden también a la inquietud de la ciudadanía barcelonesa, ha contrastado con la tozudez inexplicable y temeraria de las administraciones implicadas. No estamos ante una refriega política cotidiana inofensiva, sino ante decisiones en las que está en juego algo mucho más importante que una rencilla partidista. Nos da la sensación de que, en esa cerrazón socialista, está pesando demasiado una cierta soberbia política por no dar su brazo a torcer. Aquí las prioridades son otras, el objetivo no sólo es proteger la Sagrada Familia, sino que no corra riesgo alguno, lo que parece casi imposible con el trazado actual del AVE.