Que pague el Gobierno

Alegan «indefensión» y una «enorme pérdida de valor del patrimonio» de sus compañías como consecuencia de la falta de un «marco legal adecuado» que las proteja frente a una actividad ilícita como es la «piratería». Despejada la ecuación, el responsable por su «inacción» es el Gobierno, que ha desoído las reiteradas recomendaciones de Bruselas para que ataje la descarga ilegal de estos archivos. Y, por poner números a esa pasividad, las 13 discográficas que por el momento se han adherido a esta causa, reclaman al Ejecutivo 300 millones de euros.

Reclamaciones individuales
Según el último Observatorio contra la Piratería de la Coalición de Creadores, el 97,8% de los discos que hoy escuchan los usuarios tienen origen ilegal. Por esta razón, el sector se ha mostrado contrario al principio fundamental que rige la Ley de Economía Sostenible (LES) que actualmente tramita el Parlamento, porque no ataca al usuario final sino a los portales o webs que permiten el «pirateo», pero, en el caso de la música, la mayor parte de descargas se produce por intercambio de archivos entre usuarios o descarga directa.

Las reclamaciones, presentadas a título individual por cada una de las compañías que participan en esta acción –asesoradas por el despacho de abogados Roca Junyent–, vienen a dar continuidad al escrito que las mismas presentaron a principios de año ante todos los ministerios que componen la Comisión Interministerial para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

En aquel escrito se pedían a la Administración medidas para la protección de los derechos de los agentes que componen el sector de la industria cultural en internet. Las empresas adheridas a esta reclamación son, por el momento, Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock Distribuciones, Producciones Blau, Gorvijac Music, Kasba Music, Satélite K 76, Música Global Discográfica, y Rosevil Productions. «La total indefensión de las empresas de este sector las aboca a un incierto futuro por la falta de perspectivas de continuación empresarial dada la inexistencia de un efectivo marco legal», lamentan.