Una niña inválida a causa de una vacuna recibirá 800000 euros

MADRID- El Tribunal Supremo ha condenado a la Consejería de Salud de la Junta de Castilla-La Mancha a indemnizar con 800.000 euros a una joven de Albacete que, con 16 años, sufrió la amputación de ambos pies y una invalidez del 86 por ciento por no recibir la información necesaria para revacunarse contra la meningitis.

La joven, nacida en 1987, recibió a los 10 años de edad la vacuna contra la meningitis C durante la campaña que puso en marcha el Sistema de Salud castellano-manchego. En 2000, se comenzó a suministrar una nueva dosis, «más eficaz» que la inyectada tres años antes y con «una mayor memoria inmunológica», pero se hizo sólo entre los menores de seis años. En 2003, mientras la menor visitaba París durante una excursión organizada por su colegio, se le diagnosticó una meningitis C «púrpura» fulminante que, tras cinco meses de hospitalización, le provocó una invalidez del 86 por ciento, la amputación de los pies, una hemorragia cerebral, sordera profunda del oído izquierdo e intensa del derecho, dermatitis atópica y estrés postraumático, según informa Ep.

La sentencia del Supremo considera que la Consejería de Salud incurrió en una «dejación de funciones» al no facilitar información «suficiente, comprensible y adecuada» para que los padres de niños mayores de seis años conocieran la «insuficiencia» de la vacuna que sus hijos recibieron en la campaña de 1997, lo que les impidió «adoptar las medidas oportunas para su protección». La ineficacia de esa primera vacuna fue admitida incluso por el consejero de Salud, Fernando Lamata, quien reconoció en 2000 ante las Cortes autonómicas que la vacuna de la que se disponía hasta ese momento «no era efectiva, no tenía utilidad e incluso presentaba riesgos en menores de 18 meses».

Falta de información
«Lo que es evidente es que nadie se revacuna de una enfermedad como la meningitis C si no tiene noticia de la insuficiencia de la vacuna anterior y es aquí, en la falta de información (...), donde radica la dejación de funciones de la Administración», señala la resolución judicial.
El fallo revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en 2007 desestimó el recurso de la joven al considerar que la campaña de 1997 «fue correcta», con lo que, según el Supremo, incurrió en «incongruencia por error», ya que la demanda criticaba la falta de revacunación en 2000.