Cien indicios contra Bildu

Las recientes y reiteradas críticas de la dirigente de Bildu Laura Mintegi a las detenciones de varios presuntos terroristas, entre ellos la responsable del aparato logístico de la banda, llevaron al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a advertirla de que con esas actitudes se ponía en marcha el contador hacia su ilegalización. Al ministro le asiste toda la razón. El Tribunal Constitucional dejó bien claro en su sentencia del 20 de junio que el aval a la legalización de Sortu no significaba un cheque en blanco, sino que estaba sujeto a una serie de conductas en las que la formación batasuna no podría incurrir so pena de ser ilegalizada. Este tipo de conductas van desde la equiparación de la violencia terrorista con la acción legítima del Estado de Derecho contra los delitos de terrorismo, hasta poner en el mismo plano a las víctimas del terror y a los perseguidos por la Ley, a víctimas y verdugos, pasando por la incitación al incumplimiento de las leyes. Por supuesto, el Constitucional también cita las acciones tendentes a legitimar el uso de la violencia terrorista como medio para alcanzar metas políticas, el ensalzamiento de los etarras como héroes y todos aquellos actos públicos que entrañen descrédito o humillación de las víctimas. No puede decirse que el catálogo del Alto Tribunal sea confuso o ambiguo. Es de una claridad cegadora para todo el mundo, salvo para quienes deberían cumplirlo con escrúpulo. En efecto. Las propias víctimas del terrorismo, a través de la asociación Dignidad y Justicia, han recopilado hasta cien actos o acciones protagonizados por dirigentes batasunos, muchos de ellos en cargos institucionales, en los que se han cruzado una o varias de esas líneas rojas, con «reiteración y gravedad», que marcó el Tribunal Constitucional. La relación es exhaustiva, está documentada y atinadamente calificada. En ningún caso se cuestiona la libertad de expresión o el libre desarrollo de la actividad política, derechos que son inherentes a toda formación o partido. Lo que se denuncia es precisamente la utilización de esos derechos democráticos para humillar a las víctimas, para ensalzar a los verdugos y para equiparar la acción policial con la actividad delictiva de los etarras. El TC no marcó por capricho o arbitrariedad unas condiciones de obligado cumplimiento, sino como un acto de justicia para quienes han muerto en un sistema democrático a manos de quienes lo negaban. La convivencia presente y futura no puede hacer tabla rasa de lo que ha pasado, sin vencedores ni vencidos, ni repartir las responsabilidades a partes iguales, pues sería tanto como legitimar el terrorismo como método para lograr fines políticos e infligir un golpe letal a la democracia. Por tanto, corresponde a la Fiscalía General tomar las decisiones necesarias para poner fin a esta burla, reiterada y grave, de la Ley.