Medidas extraordinarias

Los peores pronósticos se han confirmado: 2011 termina con un déficit en torno al 8% del PIB, en lugar del 6% como había asegurado el Gobierno socialista hasta el último minuto, ya fuera por desconocimiento, por mala fe o por incompetencia. Esta acusada desviación de las cuentas públicas, que coloca a España en difícil situación ante Bruselas, fue esgrimida ayer por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para justificar las medidas extraordinarias acordadas en el Consejo de Ministros. Acompañada por tres de los ministros económicos (De Guindos, Montoro y Báñez), la portavoz apeló a la gravedad de la situación heredada para explicar por qué, en contra de la promesa electoral de no subir los impuestos, el Gobierno se veía obligado a introducir lo que llamó un «recargo temporal de solidaridad». Dicho de forma directa, un incremento de los impuestos, durante los dos próximos años, a las rentas del trabajo y del capital y a los bienes inmuebles. Eso sí, el IRPF aumentará progresivamente desde el 0,7% para los que menos ganan hasta el 7% para los que tengan sueldos superiores a los 300.000 euros. Por estos tres conceptos, junto a la supresión de la bonificación al gasóleo profesional, el Gobierno espera recaudar unos 6.500 millones de euros. Si a éstos se le suman los 8.900 millones que se recortan de los diferentes ministerios, la cifra final se aproxima a los 16.000 millones. Es probable que el Gobierno reciba severas críticas por subir los impuestos, decisión que padecerán, sobre todo, las clases medias. Pero precisamente porque perjudica al núcleo de sus propios votantes, se pone de manifiesto que Rajoy coloca los intereses de España por delante de los de su partido. Si no le asistieran poderosas razones, es evidente que el Gobierno no daría un paso tan impopular y tan dañino para su propia imagen. Es más, sin los recortes enérgicos en los ministerios, sin la congelación del sueldo de los funcionarios y sin una mayor presión fiscal no serían viables las medidas positivas acordadas ayer, entre ellas la subida de las pensiones en un 1%, el mantenimiento de las prestaciones por desempleo, la prórroga del 4% del IVA en primera vivienda y la congelación de las tarifas eléctricas. También merece el aplauso la reducción en un 20% de las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, porcentaje que aún tiene recorrido. Lo cierto es que Rajoy ha recibido una herencia mucho más envenenada de lo que cabía esperar porque sus antecesores socialistas actuaron con irresponsabilidad e ineficacia. Le toca ahora al PP asumir el reto con decisión y transparencia. Empieza un año muy duro y los tres próximos meses serán una sucesión de malas noticias, pero si el Gobierno mantiene el rumbo con pulso firme, los ciudadanos encontrarán sentido a sus sacrificios.