Repsol y un inversor estadounidense presentan una demanda colectiva contra Argentina

En la demanda presentada en el tribunal neoyorquino, Repsol y el inversor estadounidense reclaman al tribunal que reconozca la obligación del Gobierno argentino de lanzar una OPA por YPF en los términos previstos, así como una compensación por los daños causados.

Los demandantes también piden que, hasta que Argentina lance la OPA, se impida a las acciones expropiadas ejercer derechos de voto, ingresar dividendos o sumarse a los mecanismos de constitución de quórum en las juntas generales de accionistas.

Repsol y Texas Yale fundamentan su recuros en cinco causas, entre las que figuran la ruptura de compromisos contractuales por parte del Gobierno argentino, la vulneración de los puntos 7 y 28 de los estatuos de YPF que obligan a lanzar una OPA, el incumplimiento de las promesas ofrecidas a los inversores internacionales con el objeto de animarles a entrar en YPF y la ausencia de buena fe en la conducta del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner.

Los estatutos de YPF no solo obligan a Argentina a lanzar una OPA si quiere retomar el control de la empresa, sino que también especifican el mecanismo para calcular el precio de la oferta.

El Gobierno argentino, indican los abogados, ha hecho además un "esfuerzo"para soslayar sus obligaciones contractuales adoptadas en el momento en el que el Estado inició la privatización de YPF y acudió a mercados de Estados Unidos para captar capital. En esta operación logró 1.100 millones de dólares.

Los demandantes también denuncian la campaña emprendida por el Estado argentino para "hundir"las acciones de YPF en las semanas anteriores a la expropiación de la petrolera.

Si a finales de 2011 el Gobierno argentino parecía "completamente implicado"con YPF, desde comienzos de este año "cambió el paso y lanzó una ofensiva agresiva y de amplio espectro contra YPF y sus accionistas", asegura la demanda.

Como consecuencia directa de esta campaña, indica, las acciones de YPF cayeron en Bolsa hasta costar menos de la mitad que en los meses anteriores. Para ello, las autoridades argentinas realizaron declaraciones amenazantes, filtraciones a la presa y actos de retirada de licencias.