La Junta no ha enviado el 83% de los expedientes del «fondo de reptiles»

Los populares denunciaron que la Junta de Andalucía ha «ocultado» a la Justicia 327 expedientes vinculados al «fondo de reptiles» ya que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sólo tiene en su poder 67 de las 394 ayudas concedidas con cargo a esta partida.

Los datos parten de la Agencia IDEA, el ente instrumental dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y mediante el cual se abonaban estas subvenciones. El PP los ha obtenido vía parlamentaria y los ha cotejado con los que poseen las partes personadas en la causa –el PP ejerce la acusación–.

Tras la denuncia pública, el Ejecutivo andaluz reaccionó acusando a los populares de «mentir a sabiendas» aunque lo sorprendente es que confirmó los datos: admitió que ha enviado a la juez 67 expedientes en los que encontró indicio o irregularidad y un listado con la relación completa de ayudas del fondo 31L, «por si la juez quería reclamar más información». Ese listado contenía 327 expedientes más, es decir, que Mercedes Alaya sólo tiene el 17 por ciento de las 394 ayudas públicas que se pagaron con la misma fórmula.

Y ahí está una de las claves del caso. La juez no investiga sólo la existencia de prejubilaciones irregulares –personas que han recibido cantidades del presupuesto autonómico sin haber trabajado en empresas que se acogían a un ERE y financiaban esos despidos con subvenciones públicas–, sino también analiza si la fórmula empleada para distribuir estas ayudas fue legal, ya que como la Intervención General denunció en reiteradas ocasiones se estaban «tramitando subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

Dotado con 700 millones de euros entre 2001 y 2010, el «fondo de reptiles» fue un cajón de sastre. Con cargo a la partida 31L se financiaron ERE, pero también ayudas a empresas en crisis o actividades de ayuntamientos gobernados por el PSOE. No sirvió de manera exclusiva para pagar ayudas sociolaborales. Las peticiones de información de la instructora reafirman esta teoría, ya que no se centra en exclusiva en la figura de los intrusos. Ni tan siquiera en la partida 31L, la que el ex director general de Empleo denominó como «fondo de reptiles». Por ejemplo, en un auto solicitó información sobre otra partida de la Consejería de Empleo, la 22.E.4, porque detectó que se habían financiado ayudas sociolaborales abonadas con cargo a dicha partida.
La versión del Gobierno andaluz es otra. Defiende que «no sólo no se le ha ocultado nada a la Justicia, sino que como siempre hemos mantenido la máxima colaboración porque somos los primeros interesados en que se aclare todo».

El Ejecutivo que preside Griñán ha negado opacidad en las ayudas y argumenta que «no existe un fondo de reptiles, sino que existe una partida presupuestaria anual, la 31L, recogida en los Presupuestos Generales de la Comunidad, pública y transparente, conocida por el PP y por toda la Cámara, fiscalizada y sometida a los controles de fiscalización e intervención habituales, debatidas en el Parlamento andaluz y conocida por todos».

Mientras, Sanz aseguró que en la documentación facilitada por la Agencia IDEA y que no está en posesión del juzgado de Instrucción número 6 hay indicios de nuevas irregularidades: «Hay muchos chanchullos y situaciones alucinantes», advirtió.
Para Sanz «la transparencia de la que han presumido la Junta de Andalucía ha sido una auténtica farsa», concluyó.
El PP también anunció que este asunto centrará su labor de oposición en el próximo Pleno del Parlamento.