La «ardua» labor de Gómez Benítez

Madrid- El trabajo diario del Consejo General del Poder Judicial se suele distribuir entre las distintas comisiones formadas y en las que se integran los distintos vocales. Y, junto a esas comisiones, están las vocalías delegadas y otras designaciones concretas, además de la «asignación» a una comunidad autónoma para conocer la realidad judicial de ese territorio y poder plantear, en su caso, soluciones a los problemas que se puedan detectar.

Al analizar la composición de las distintas comisiones y de las vocalías delegadas y otros nombramientos, se comprueba que José Manuel Gómez Benítez, el consejero que ha denunciado en la Fiscalía General del Estado al presidente del Consejo, Carlos Dívar, por cargar supuestamente como gastos oficiales actividades privadas, figura sólo en tres, el consejero que menos «obligaciones» tiene asumidas en estos aspectos. En concreto, es miembro titular de las comisiones Disciplinaria y de Relaciones con el Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia. En esta última comisión es vocal de Relaciones con el Ministerio de Justicia. Figura como miembro suplente en la Comisión Presupuestaria. Junto a ello, es vocal delegado de relaciones con la Audiencia Nacional y uno de los tres consejeros para la comunidad de Madrid.

De esta forma, el ex abogado de Baltasar Garzón es el vocal del «grupo progresista», de los propuestos por el Partido Socialista, que se encuentra en menos comisiones, en contraposición, por ejemplo, con Manuel Torres Vela (quien forma parte de cinco comisiones y otras tantas vocalías delegadas) Inmaculada Montalbán o Almudena Lastra, todos ellos designados también por los socialistas.

Además, distintos vocales vinieron a coincidir en el «carácter difícil» de Gómez Benítez en las relaciones con sus compañeros, con quienes ha llegado a tener más de un encontronazo en las comisiones.

Así, cuando formaba parte de la Comisión de Estudios e Informes, las relaciones con los otros cuatro integrantes llegaron a ser más que tensas en distintas ocasiones, según coincidieron las fuentes consultadas. Por ello, y tras «amagar» varias veces, dimitió finalmente de la misma, siendo sustituido en enero del pasado año por el consejero Carles Cruz.

Cada vez más alejado
Algo parecido sucedió cuando formaba parte de la Comisión de Calificación. En febrero del año 2010, presentó su renuncia a seguir como integrante de la misma tras denunciar que los grupos «progresistas» y «conservadores» se intercambian los nombramientos de los altos cargos de la cúpula judicial. Estas acusaciones acentuaron aún el alejamiento de Gómez Benítez con la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

En la «comparativa» con el resto de consejeros tampoco sale muy bien parado, pues no hay ninguno que aparezca como titular en menos comisiones y vocalías delegadas.
Gómez Benítez se vio envuelto también en la polémica tras conocerse que participó en el último proceso de negociación del anterior Gobierno socialista con la banda terrorista ETA.

«Poca conveniencia»
Ello hizo que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la Carrera, llegara a cuestionar la «conveniencia» de que continuase como vocal del Consejo General del Poder Judicial, ya que la «razón de ser» de este órgano no es otra que la «defensa de la integridad de la jurisdicción y de la independencia de los jueces, desde una perspectiva de Estado democrático de Derecho». Esta asociación advirtió entonces de que los mediadores del Gobierno habrían llegado a «equiparar las necesarias y beneméritas actuaciones del Estado de Derecho» con las «abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas ejecutadas por los enemigos de la pacífica convivencia de la sociedad española». «Se confunde así por esos comisionados» el ejercicio «de la legítima autoridad estatal frente al delito con una pugna entre iguales».

La Fiscalía abrió diligencias para investigar la denuncia del vocal
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, firmó ayer un decreto por el que se abrieron diligencias informativas a fin de analizar la información que se vincula a la denuncia que José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentó contra el presidente del mismo órgano, Carlos Dívar.
Gómez Benítez acusó hace dos días a Dívar de haber cargado a los presupuestos del CGPJ distintos viajes y cenas por valor de 6.000 euros que el presidente hizo a Marbella entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011.
Antes de abrir diligencias, la Presidencia del CGPJ envió al Ministerio Público los documentos en los que se detallan los gastos de los viajes que el vocal menciona en la denuncia.
Entre los documentos que se enviaron al fiscal se incluyen, además, los presupuestos para viajes que el Consejo General del Poder Judicial aprobó y los justificantes de los gastos de Carlos Dívar.
El presidente del CGPJ y del TS afirmó en un comunicado que todos esos gastos derivados de viajes y cenas están «perfectamente» justificados y además fueron tramitados «legalmente con la fiscalización de la interventora delegada de la Intervención General del Estado».
El encargado de estudiar toda esta documentación es el teniente fiscal Martín Casallo, que deberá remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo en caso de apreciar indicios de delito, dada la condición de aforado de Carlos Dívar.
En caso de no encontrar materia susceptible de delito, el fiscal, que no dispone de plazos para pronunciarse, podría pedir más información para aclarar determinados supuestos o archivar la denuncia.