La cúpula que alumbró Bankia ante el juez

MADRID- Treinta y tres ex directivos de Bankia tendrán que explicar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu su actuación en el proceso que derivó en el rescate de la entidad gracias a una inyección de 23.465 millones de euros de dinero público, dado que esa quiebra «podría desestabilizar todo el sistema financiero del país». El magistrado ha admitido a trámite la querella presentada por UPyD contra la cúpula que alumbró el nacimiento de Bankia e imputa a su anterior consejo de administración –entre ellos, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, el ex ministro del Interior Ángel Acebes y el que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas– por los delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas. Además, Andreu citará como testigo, entre otros, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, para que explique la actuación supervisora de la entidad en la crisis de Bankia.

Y eso que la Fiscalía Anticorrupción no era partidaria de imputar conducta delictiva alguna a los integrantes del anterior consejo de administración. En el informe en el que se avala la admisión a trámite de la querella –firmado por los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, – el Ministerio Público dice con rotundidad que «el estado actual de la investigación no permite imputar conductas delictivas a personas físicas concretas». La mera pertenencia al consejo de administración de Bankia o de su matriz, BFA, mantienen los fiscales de Anticorrupción, «es un criterio de imputación genérico, válido como punto de partida» de una investigación que consideran «necesaria» pero «insuficiente en sí misma para la atribución de conductas delictivas concretas».

UPyD sostiene en su querella que «todos los hechos apuntan a que los gestores de Bankia conocían perfectamente la verdadera situación patrimonial de la entidad y prefirieron ocultarla para poder salir a Bolsa y recabar varios miles de millones de euros de nuevos inversores».
El juez Andreu considera que los hechos objeto de la denuncia han podido provocar «una grave repercusión en la economía nacional», así como «perjuicio a una generalidad de personas» dado que, recuerda, el cuarto banco más grande de España ha precisado de «una importantísima provisión de fondos públicos» para garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones.

Andreu rechaza, no obstante, la petición de UPyD de intervención judicial de Bankia (a la que también se opone la Fiscalía) y difiere su decisión al respecto a la comparecencia que se celebrará el próximo día 23 «después de oírse a las partes personadas».

Del mismo modo, el magistrado se opone a la pretensión de UPyD de fijar una fianza de responsabilidad civil a los querellados para hacer frente a los posibles perjuicios causados, algo que en todo caso, subraya, debería determinarse «más adelante».

El instructor también pide a las siete cajas que integraron BFA, la matriz de Bankia, información sobre los blindajes para casos de despido, renuncia o jubilación de sus directivos, así como las retribuciones «de cualquier naturaleza» abonadas a los miembros de su consejo de administración.