El juez investiga los delitos de falsedad malversación y coacciones en Invercaria

SEVILLA- El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investiga al menos tres posibles delitos en Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía: malversación de caudales públicos, falsedad documental y otro de coacciones. El ex directivo de la empresa pública Cristóbal Cantos se ratificó ayer en su denuncia ante el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, en una comparecencia que duró más de tres horas.
El instructor centró sus preguntas en el informe de la Cámara de Cuentas sobre el año 2009, que ya detectó diversas anomalías en la gestión de Invercaria. El órgano de control advirtió de que se concedían préstamos de manera discrecional, ya que no existían requisitos preestablecidos para la concesión de préstamos a las empresas. También alertó, entre otras irregularidades, de la ausencia de expedientes, así como de gastos injustificados con la tarjeta de crédito del ex presidente Tomás Pérez Sauquillo. O ilegalidades en materia de contratación.
Este informe ha sido elevado por el PP-A al Tribunal de Cuentas, ya que los populares ven indicios de responsabilidad contable.
No es el único proceso abierto, ya que la Fiscalía de Sevilla ha trasladado las mismas irregularidades al Tribunal de Cuentas y un informe del Ministerio Público ha pedido una serie de pruebas periciales para aclarar hasta 10 presuntas irregularidades.
En esta maraña de casos abiertos, el ex director de promoción de Invercaria se ratificó ayer en la veracidad de las grabaciones aportadas a la causa, en las que la ex presidenta Laura Gómiz le instaba a montar expedientes falsos para justificarse ante la inspección de la Cámara de Cuentas. En ellas, Gómiz asegura entre otras cosas que «si no hay plan de inversión, nos lo inventamos» o, en otro momento, señala que «si me comprometiera con la ética no estaría en la organización». También aportó varios correos electrónicos.
Estas supuestas presiones de Gómiz a Cantos acabaron con el despido del ex directivo, que interpuso una demanda en el juzgado de lo social en el que solicitaba que se declarara nulo, petición rechazada en primera instancia. Ahora se abre la vía penal, al objeto de depurar las posibles responsabilidades.