La meta: anular el juicio

La familia de Marta del Castillo sigue luchando por encontrar justicia para su hija. Después de que se conociera la sentencia que condenó a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel como autor confeso de la muerte de la joven y le absolvió de los delitos de agresión sexual y contra la integridad moral, al tiempo que dejaba libres al resto de imputados en el caso, la defensa anunció ayer en la Audiencia Provincial de Sevilla la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra dicha sentencia.

Según los abogados, se esgrimen una serie de motivos, que en el caso de ser admitidos, pueden suponer un cambio radical en el fin de esta historia que comenzó precisamente un 24 de enero de 2009 cuando Marta fue asesinada en el domicilio de la calle León XIII. Así, en el supuesto de que las intenciones de la familia prosperen, se alcanzará la nulidad del juicio de la sección séptima y la necesidad de iniciar un nuevo proceso ante un tribunal del jurado o ante la misma Audiencia Provincial. En este horizonte judicial, según el bufete de abogados Montero-Aramburu, todos los acusados en el caso podrían ser condenados. También señalan que en el caso de que esta iniciativa no prosperara, se presentan otros motivos por lo que se interesa la condena de Carcaño por profanación de cadáveres y de Samuel Benítez por éste mismo delito, además de por encubrimiento. Se somete a la consideración del alto tribunal si la interrupción de la tramitación del procedimiento mediante el tribunal del jurado podría haber lesionado el principio de legalidad procesal y de tutela judicial, que incluye el derecho al juez predeterminado por la ley.


La petición de Carcaño
Este recurso se ha presentado el mismo día que la defensa de Carcaño ha anunciado otro ante el fallo dictado contra su cliente, al entender que debe ser condenado por un delito de homicido, por lo que la pena se reduciría en al menos cinco años, ya que las sanciones para este tipo de delitos conllevan una estancia en prisión de entre 10 y 15 años. Además, Carcaño no podrá residir en la misma localidad en la que lo hagan la familia de la víctima durante 30 años, así como aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo periodo de tiempo. En este mismo recurso, la representación judicial de la familia Del Castillo volvió a plantear la cuestión de inconstitucionalidad por el doble enjuiciamiento a Francisco Javier García Marín «El Cuco», que era menor de edad en el momento en el que sucedieron los hechos. Concretamente, se preguntan los abogados si se ha lesionado el derecho de la familia a obtener una sola respuesta del Estado de lo que sucedió.

El abuelo de la menor, José Antonio Casanueva, durante los preparativos de la manifestación que para hoy está convocada en repulsa por la sentencia del caso, mostró su disposición a seguir adelante hasta «lograr justicia», aunque reconoció que Carcaño «tiene todo su derecho a recurrir, como cualquier ciudadano, pero nosotros también tenemos el derecho a no estar de acuerdo, siendo como es un asesino confeso», señala el abuelo, que también critica que la defensa pida que se le exima de pagar los 616.000 euros de indemnización por los trabajos de búsqueda del cuerpo.

De todas formas, ésta es una cuestión que le preocupa menos. «¿De dónde va a sacar el dinero si la mayoría se ha declarado insolvente?», se pregunta Casanueva, quien vuelve rápidamente a los argumentos esgrimidos por el tribunal para condenar a Carcaño a sólo 20 años de prisión. «Para nosotros ha sido un jarro de agua fría porque no podemos entender cómo sólo se le ha condenado a él cuando había pruebas que incriminaban a todos», señala, mientras se muestra contrario a las declaraciones vertidas desde el Consejo del Poder Judicial, organismo que lamentó las críticas vertidas por la familia tras conocerse el fallo. «Sólo les digo que se lean los 146 folios de la sentencia, porque en ella se ve claramente que no se han tenido en cuenta muchas pruebas que había en el sumario. Además, han hecho un flaco favor al trabajo que realizó el juez instructor», insistió.

Tanto el abuelo como el resto de familiares se muestran muy descontentos con la absolución de tres de los adultos implicados, pero en especial, con la de María García Mendaro, hija de significados cargos del PSOE. «En este aspecto creo que estamos todos de acuerdo, porque está claro que ha habido una presión política para que no pisara la cárcel», comenta el abuelo, que asevera que «hay una evidente irregularidad en todo el proceso desde el principio, porque hay mucha gente con mucha influencia que no quiso que ella estuviera al mismo nivel que los demás». De hecho, «nos extrañó mucho que incluso en los primeros pasos de la investigación fuera la única que no ingresó en prisión. Sólo estuvo unas horas en comisaría».

«Mis otras dos nietas merecen vivir sus vidas»
En el local de la plataforma que lleva el nombre de su nieta, José Antonio Casanueva se afanaba ayer por organizar la manifestación contra la sentencia del caso. Hoy, 24 de enero, se cumplen tres años desde que Marta del Castillo salió de su casa para dar una vuelta con Miguel Carcaño y no volver jamás. «Es muy duro para todos nosotros, claro, por eso vamos a llevar velas y flores en recuerdo de la niña», comenta Casanueva, que anuncia que seguirán buscando el cadáver o lo que «quede de él en Camas (Sevilla). «Después de tres años imagínese. Pero para nosotros sería suficiente que nos dieran los restos para poder llevarlos a un lugar donde enterrarla, llevarle flores, rezarle y llorarle». Pese a la presión a la que está sometida esta familia, aún no han perdido el ánimo por llegar hasta las últimas consecuencias. «Tenemos que hacerlo aquí o en Estrasburgo, porque es necesario que se haga justicia. Hay que continuar adelante por las otras dos niñas (las dos hermanas), que merecen vivir sus vidas».

Medidas adoptadas
La sentencia
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Miguel Carcaño a 20 años cárcel por asesinato y ha absuelto al resto de acusados.
La defensa
Recurre la sentencia al entender que fue un homicidio, por lo que pide que se rebaje la pena a entre 10 y 15 años de prisión.
La familia
Exigen la nulidad del juicio y que se juzgue a todos los imputados en un tribunal con jurado o ante la Audiencia Provincial otra vez.