Exteriores pide ahora un informe independiente sin aclarar a quién

No le falta razón porque en su debut parlamentario Jiménez se mostró cauta, prudente con Rabat, pero también sensible con la causa saharaui. De sus palabras hubo quien interpretó algún avance en la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno. ¿Motivo? La solicitud de un informe «claro e independiente» para conocer los detalles del desalojo por la fuerza del campamento saharaui. Hizo esta petición en los primeros minutos de una intervención muy medida y en la que no especificó quién debía realizar dicho informe.

Hasta ahora el Gobierno se había limitado a pedir a Rabat una investigación «eficaz y veraz» de lo acontecido. «Es necesario que la comunidad internacional conozca el balance final de lo ocurrido con datos precisos y fehacientes, a través de un informe claro e independiente», dijo ayer. Ahí se quedó porque, desde luego, siguió sin condenar la actuación de Marruecos, como le pidieron todos los partidos de la oposición, sin antes tener datos para saber con exactitud el número de muertos y heridos marroquíes y saharauis. Sí pidió, no obstante, que Marruecos levante el veto a los periodistas españoles y se les permita trabajar en la capital administrativa del Sáhara Occidental para informar de esta crisis. Todo esto con continuas invocaciones a la necesidad de mantener la interlocución con Marruecos y la «sólida» relación que España y la UE mantienen con este país.

Mucho más lejos que Jiménez fue la portavoz del PSOE, Elena Valenciano, quien dijo no tener reparos en manifestar su «total rechazo o condena del uso desproporcionado de la violencia contra la población civil, sea en el Sáhara o en cualquier otro rincón del mundo», aunque pidió primero que se aclare lo sucedido en El Aaiún. Valenciano se convertía así en la primera socialista en utilizar la palabra condena y en hablar de una investigación de la ONU que pudiera esclarecer los hechos.

 Ni Jiménez ni Valenciano convencieron a la posición, que reprobó en bloque la «tibieza» y la «complicidad» del Gobierno con Rabat y exigió al unísono una condena. Hubo duras palabras contra la ministra y el Ejecutivo, sobre todo desde la izquierda, que habló de «genocidio» y «matanza». Llamazares llegó a avisar de que el Sáhara puede convertirse «en el Waterloo del Gobierno español» si se obceca en mantener su postura y en decir que España comparte los mismos valores que aquella «monarquía feudal», en alusión al reino alauí. Más medido estuvo Gustavo de Arístegui, el portavoz del PP, que antepuso ante cualquier otra cuestión la defensa de los Derechos Humanos. Jordi Xuclá (CiU) demandó más información para los grupos parlamentarios.