Los correos electrónicos del ministro públicos o privados

¿Adquiere un correo electrónico enviado por un político la condición de información pública? Este es el debate que está sobre la mesa en la sociedad chilena después de que un ciudadano solicitase al ministro de la Presidencia sus emails institucionales enviados entre los días 18 y 21 de julio de 2011.

La ley de transparencia de Chile, vigente desde 2009, no exige al solicitante que exponga los motivos de su petición. Sencillamente, el ciudadano puede reclamar un documento público y la Administración está obligada a entregarlo. ¿Pero qué ocurre si esa información solicitada es un correo electrónico de un ministro?

La respuesta la dará el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno presentara un recurso apelando a la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad. El ministro afectado, Cristián Larroulet, equipara sus emails a las llamadas de teléfono, que sólo pueden ser interceptadas por orden de un juez. El solicitante, Juan José Soto, presidente de una fundación, no piensa lo mismo. Esgrime que el correo institucional equivale a un escrito. Además, en su reclamación deja claro que no quiere los emails de índole privada que el ministro envió y recibió durante esos días.

Como su petición fue denegada, Soto acudió al Consejo para la Transparencia, un organismo autónomo que vigila por el estricto cumplimiento de la ley. Su presidente, Alejandro Ferreiro, estuvo ayer en Madrid y explicó a un grupo de periodistas que en este caso debe primar el derecho a la información.

"Nosotros creemos que es un documento público", asegura Ferreiro, quien considera que la demanda de Soto debe ser atendida porque se trata de correos institucionales, ya que el ministro usó una cuenta vinculada a la administración pública. "Otra cosa muy distinta sería si se tratara de una cuenta de Gmail", asegura Ferreiro. "Que los correos se consideren por definición privados me parece grave. Además, el ejercicio del gobierno se hace cada vez más de forma electrónica", añade.

La experiencia chilena con su ley de transparencia ha tenido "un efecto disciplinador"y ha mejorado la percepción ciudadana sobre la corrupción. Desde su entrada en vigor hace tres años se han presentado unas 100.000 solicitudes de información sólo para la administración central. De esta cantidad, el 90% han sido respondidas, aunque no todas en un sentido favorable para el ciudadano. Actualmente existen 20 casos en curso instruidos por el Tribunal de Cuentas. Pero la sanción, en caso de haberla, sólo puede ser impuesta por el Consejo para la Transparencia, que es el órgano de control con capacidad fiscalizadora.

Su presidente explica que la ley de transparencia es un antídoto contra la corrupción y asegura que existe una correlación entre los veinte países más competitivos y los veinte más transparentes porque coinciden 17. Ferreiro recuerda que Chile está en el puesto 21 en el último informe de transparencia, mientras que España se sitúa en el 30. La ley chilena ofrece un plazo de veinte días para responder al ciudadano y permite conocer los salarios de todos los funcionarios e incluso saber los días que los empleados públicos han faltado a su puesto de trabajo.

Esta semana, un grupo de parlamentarios chilenos y la directiva del Consejo para la Transparencia han estado en Madrid participando, a iniciativa del embajador de Chile Sergio Romero, en el I Foro de Transparencia y Buen Gobierno organizado por la Universidad Alcalá de Henares, la Fundación Chile España y la Universidad Católica de Chile.