La legislación bancaria obligó a Bankia a salir a Bolsa

MADRID- En contra de lo que parece deducirse de la querella presentada por UPyD, que presenta la salida a Bolsa como una operación maquinada por los miembros del consejo de administración para engañar a los pequeños inversores, la OPS vino impuesta por las nuevas normas aprobadas por el real decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero de 2011, que elevó las exigencias de capital de las entidades de crédito a cifras del 8 o el 10% en función de que tuvieran o no parte de su capital en manos de accionistas privados o no dependieran más allá del 20% de sus necesidades de la financiación mayorista.

Bankia no cumplía ninguna de las dos condiciones para poder necesitar sólo un 8% de capital principal, por lo que la salida a Bolsa era una condición sine qua non si quería evitar la nacionalización en aquel momento. La entidad financiera necesitaba por entonces 1.795 millones de euros para llegar al 8%.

Bankia dependía en aquellas fechas de la financiación de los mercados mayoristas en un 28% y, por supuesto, no contaba entre sus accionistas particulares o institucionales el porcentaje requerido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Reparto entre inversores
Era, pues, necesario conseguir repartir entre inversores privados la quinta parte al menos del capital de la entidad para satisfacer las exigencias legales de una reforma instada desde el Gobierno y con el beneplácito del Banco de España, gobernado entonces por Miguel Ángel Fernández-Ordóñez.

Y es que a lo largo de los años previos a la crisis tanto Caja Madrid como Bancaja, las dos principales cajas que después darían lugar a Bankia al traspasarle su negocio financiero, habían acumulado riesgos tanto en el sector inmobiliario como con la entrada en el capital de diversas empresas desvinculadas del sector financiero.

En el primero de los casos, el riesgo inmobiliario, tanto Miguel Blesa –el presidente al que sustituyó Rato en enero de 2010– como José Luis Olivas, máximo responsable de Bancaja hasta este mismo año, asumieron unos riesgos muy por encima de las normas de prudencia aconsejables para el sector financiero.

La oferta pública de suscripción de acciones tenía, pues, por objeto reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco y cumplir el real decreto-ley de 18 de febrero, el momento en el que el Gobierno socialista se da cuenta de que la banca española empieza a acusar de forma especialmente intensa los años de bonanza, el«boom» inmobiliario y la relajación en los criterios de concesión de créditos a empresas y particulares.

La oferta pública de suscripción de acciones de Bankia se convirtió en aquel momento en el verdadero punto de referencia del sector financiero. El futuro de los bancos españoles se vinculó al éxito de esta operación, considerada el buque insignia de la reforma financiera emprendida por el Gobierno de Zapatero, con Elena Salgado como ministra de Economía y Hacienda.

La condena del mercado
Estaba en juego nada más y nada menos que la recuperación de la confianza en el sistema financiero español, que se había visto muy mermada, fundamentalmente por las dudas emanadas acerca de la solvencia de las cajas de ahorros. Los mercados nunca llegaron a entender su naturaleza jurídica y acabaron condenando a esta mitad del sistema financiero español a su conversión en bancos.

Hasta el Banco de España jugó esa carta avalando la salida a Bolsa de Bankia, CaixaBank y Banca Cívica, por suponer el cambio que estaban esperando los mercados dentro de la reforma del sistema financiero español.

La operación contó incluso con el asesoramiento de los más importantes bufetes de abogados internacionales y domésticos ycon bancos de inversión de la talla de Lazard, Bank of America, UBS, JP Morgan, Merrill Lynch o Deustche Bank, que realizaron los procesos de «due diligence» y avalaron la salida a Bolsa de Bankia.

Las preferentes de Blesa y Olivas
Las participaciones preferentes han pasado casi de la noche a la mañana de ser un instrumento financiero semidesconocido para el gran público a ser el centro de atención de jueces, políticos y, por supuesto, de los ciudadanos. Comercializadas por la práctica totalidad de las antiguas cajas de ahorros, numerosas entidades financieras más y empresas de otros sectores, la crisis las ha traído al primer plano de la actualidad después de que algunas entidades no pudieran hacer frente al pago de sus intereses al haber entrado en pérdidas.
La generalización de las quejas de los ciudadanos afectados ha llevado incluso a una formación política (UPyD) a presentar una querella contra los ex gestores de Bankia, a los que les imputa una actuación engañosa en su comercialización, pese a reconocer que ésta se realizó entre clientes de las antiguas cajas de ahorros que acabaron integrándose después en la entidad.
La venta de participaciones preferentes entre los clientes de Bankia se realizó antes del año 2010 por las cajas de ahorros que con posterioridad se unieron para formar un sistema institucional de protección (SIP) entre Caja Madrid, Bancaja, Caja Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caja de Segovia y Caja de la Rioja. Bankia tiene algo más de 3.000 millones de euros en participaciones preferentes emitidas por Caja Madrid y Bancaja, fundamentalmente, cuando aún no habían decidido un futuro en común.