Córdoba

El PP da un paso más y llevará a la Justicia «la expulsión de los alcaldes»

El PP-A ha subido un peldaño en contra del acuerdo del Parlamento con el que se quiere promover un cambio normativo para impedir la compatibilidad del cargo de diputado autonómico con los de alcalde y presidente de Diputación.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ayer junto a Joan Amorós, muestra el trazado del corredor mediterráneo
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ayer junto a Joan Amorós, muestra el trazado del corredor mediterráneolarazon

Una «tropelía» a juicio del presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, que ayer anunció que su partido va a llevar ante los tribunales esta iniciativa, aprobada por PSOE e IU el pasado 21 de julio, que afecta a 17 alcaldes populares y uno de IU, entre los que se encuentran los de Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba o Jerez de la Frontera. Arenas no concretó a qué instancia judicial van a recurrir, pero sí adelantó que lo más probable es que sea ante el Tribunal Constitucional (TC).
Pese a que el anuncio se realizó ayer, los populares ya pusieron con anterioridad en cuestión esta medida. Así, en la última sesión de la Comisión de Presidencia, mostraron sus dudas de que la «expulsión de los alcaldes» tuviera respaldo jurídico y exigieron que a la propuesta le fuera adjuntado un informe jurídico vinculante. Al llegar a la vía de los tribunales se da un paso más en el conjunto de las movilizaciones del PP-A desde que se aprobara esta iniciativa, con la que, según ellos, se está llevando a cabo «una restricción brutal de los derechos en comparación con el resto de los alcaldes de España». En este sentido, el líder popular quiso destacar que «es terrible que los mismos que han decidido expulsar a los alcaldes del Parlamento los blindan en las diputaciones provinciales». Se refería a la contratación en la Diputación de Sevilla de los alcaldes de Morón de la Frontera, Constantina y Aznalcázar, como vicepresidentes de organismos instrumentales de esta institución con unos sueldos de alta dirección de casi 60.000 euros al año. A éstos, hay que sumar la de la primera edil de Osuna, que es también contratada como coordinadora del área de Formación Continua con un horario semanal de 35,7 horas semanales, «preferiblemente en jornada de mañana», como se recoge en su contrato, igual que los otros tres regidores.
Ante esta situación, Arenas adelantó que si el PP vence en las próximas regionales no habrá ninguna medida que afecte a elecciones, incompatibilidades o régimen institucional que «no sea tomada por consenso». Con ello, demuestra que está dispuesto a modificar estos aspectos pero una vez pasados los comicios, en los que se quiere aprovechar el peso que tienen los nuevos alcaldes populares tras la debacle electoral socialista del 22-M. «Si quieren cambios de las reglas del juego, al principio de la próxima legislatura hablamos de todo. De los cambios de reglas del juego se habla antes de empezar los partidos, no cuando éstos se están acabando», aseveró Arenas, quien recalcó que en este tipo de materias «no habrá cambios sin consensos».
Estas declaraciones las realizó tras reunirse con Joan Amorós, el secretario general de Fermmet, una asociación sin ánimo de lucro para potenciar la creación del corredor ferroviario mediterráneo, con quien puso en duda la implicación de la Junta de Andalucía en el desarrollo de esta infraestructura.