La Audiencia deja en evidencia al Gobierno al acreditar que pagó rescate

Con esta rotundidad lo afirma la Audiencia Nacional en la sentencia en la que condena a 439 años de cárcel a los piratas somalíes «Abdu Willy» y «Raageggesey Adji Haman» por el secuestro del «Alakrana», cometido el 2 de octubre de 2009 y liberado 47 días después.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen-Paloma González, relata pormenorizadamente el secuestro del atunero vasco y el drama que vivieron los tripulantes del mismo hasta que los piratas tuvieron en su poder el dinero del rescate. Los secuestradores sometieron a sus víctimas a una «innecesaria crueldad», que llegó hasta el extremo de un «simulacro de fusilamiento», a la vez que se «mofaban de sus miedo, de sus temblores, de sus lloros». Un trato que, relata la Audiencia, coincidía «con el vaivén de las negociaciones y de forma simultánea a las mismas».

Esas negociaciones tuvieron dos fases con tres participantes. En la primera de ellas intervinieron un tal «Yama», por parte de los secuestrados, y el armador del buque, Kepa Etxebarria. Los piratas plantearon dos exigencias para liberar al «Alakrana»: el pago de diez millones de dólares y la puesta en libertad de «Abdu Willy» y «Raageggesey Adji Haman», apresados el 4 de octubre de 2009 cuando abandonaban el buque en un esquife. El armador les anunció que no podía cumplir ninguna de las dos peticiones. La primera al considerar que esa cantidad de dinero era «desmesurada», y que, además, le podría «acarrear problemas con la Justicia»; y la segunda, porque los dos piratas apresados estaban ya en prisión por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Es entonces cuando llega a Nairobi para sustituirle en la negociación «Pepe el de los misteriosos», que fue como se presentó al armador. Se trataba de una «persona de unos 45 años de edad, de aspecto español, buen conversador, que aparentaba tener soltura en estas cuestiones, con gran dominio del inglés».

El rescate se queda en la mitad
De esta forma, «Pepe» inicia las conversaciones con los piratas, quienes aceptaron la «suerte» de sus compañeros presos en España. Así, se entra a «negociar el precio del rescate» que, según informó al armador del buque, «se redujo desde los diez millones de dólares iniciales a algo menos de la mitad». Tras el acuerdo, el dinero se arrojó al mar desde una avioneta, en el interior de dos cilindros, junto al «Alakrana». Los piratas los recogieron y abandonaron el pesquero. Las reacciones políticas a la sentencia, tras la constatación judicial de que «organismos públicos vinculados al Gobierno español» fueron las que pagaron el rescate, no se hicieron esperar.

Así, desde el PP, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la interpretó como «un varapalo a la credibilidad» del Ejecutivo, que en la propia Cámara Alta y en declaraciones públicas, empezando por el presidente, Rodríguez Zapatero, sostuvo «por activa y pasiva que no hubo nunca un pago de rescate».En cambio, desde el Gobierno, las ministras de Defensa y Exteriores, Carme Chacón y Trinidad Jiménez, respectivamente, negaron ese extremo. «El Gobierno todo lo hace dentro de la legalidad, y así lo hizo. Lo dijimos una y muchísimas veces y nos reiteramos en ello: el Gobierno no paga rescates», incidió Chacón al respecto.