Unos 300 ayuntamientos 88 socialistas firman por la transparencia en dos años

Sólo el 60 por ciento de los 530 ayuntamientos de la Comunitat valenciana -un total 308- han firmado la Carta de Buenas Prácticas que el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, promovió hace más de dos años y que rubricaron las tres diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Así, de estas 308 Administraciones locales que se someten a ciertos principios para garantizar una mayor participación de los ciudadanos y una gestión municipal más transparente, 197 están gobernados por el Partido Popular, 88 por el PSOE y el resto por El Bloc, EU o grupos independientes. Unas cifras de las que se desprende que la iniciativa de Blasco ha calado especialmente entre los consistorios dirigidos por su partido, aunque desde su Conselleria se destaca el hecho de que casi un centenar de Gobiernos locales socialistas aceptan la idea.

Se trata del primer documento firmado en España entre la Administración autonómica y local para favorecer la participación ciudadana en la gestión pública. Un acuerdo que supone una «verdadera revolución democrática, dando una mayor solidez a la gestión de los ayuntamientos para potenciar los derechos de los ciudadanos».

Es también un compromiso para crear una Administración «más abierta al ciudadano», promoviendo la diversidad cultural (la integración, la lucha contra la xenofobia y los derechos humanos) «y garantizando una labor transparente, receptiva, eficaz, coherente y sensibilizada con el medio ambiente». Asimismo, según Blasco, la Carta refuerza las bases de la democracia y del estado de derecho que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, la equidad y la imparcialidad».


3.000 millones en lo local
Las ayudas estatales, en este caso, la falta de ellas, fueron de nuevo ayer el asunto elegido por Blasco para arremeter contra la política del Gobierno central. Así, instó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a destinar 3.000 millones de euros al Fondo de Financiación Local, tal y como reclaman los «agónicos» ayuntamientos. Además, pidió al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que impulse la Ley de Régimen de Bases Local, que lleva cuatro años de retraso.