Tijeretazo de la UE a las ayudas para los agricultores

La Comisión Europea dio ayer la primera estocada para la reforma de la Política Agrícola Común, la batalla más dura de los próximos meses en la UE. El combate será intenso por el encontronazo de intereses: las economías nórdicas y Gran Bretaña empujando por un tijeretazo sin disimulo, y Francia, España y Alemania, principales beneficiarias, en defensa de mantener los más de 56.000 millones que se destinan al campo (un 40% de las arcas comunitarias); los nuevos países de la UE clamando por una distribución más justa de los fondos en contra de los socios más veteranos que acaparan ahora la mayor parte del gasto; o los agricultores en defensa de mantener el statu quo de ayudas directas y las intervenciones en el mercado, y Bruselas a favor de un enfoque más liberal y orientado hacia los resultados. Ayer, Bruselas sólo presentó los principios rectores de la que será la PAC del futuro, sin abrir la caja de Pandora de las cifras, a la espera de las próximas perspectivas financieras de la UE que se negociarán el próximo año.

Sin embargo, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, metió la mano en el avispero al avisar de que se revisará el reparto entre los países para tener una distribución «más justa». Así, adelantó que socios del Este, como Letonia, ganarán, pero no se atrevió a concretar la pérdida de grandes beneficiarios como España, que con 7.250 millones de ayudas el pasado año fue el país que más fondos recibió tras Francia. «La redistribución no se limita a la cuestión de los Estados miembros, sino también al reparto entre las regiones dentro del mismo país, o entre los agricultores, o los sectores», para añadir más tarde que «no todos los agricultores alemanes, franceses y españoles verán reducidas las ayudas».

Como leitmotiv, el comisario defendió durante la rueda de prensa que «tenemos que hacer la PAC más verde, más justa y más efectiva». Esto implicará dar entrada a «pagos medioambientales» para medidas adicionales que se tomen. Por contra, se limitarán las pagas a las grandes explotaciones, con el fin de que las medidas de apoyo directo estén «mejor dirigidas». La propuesta no tardó en ser contestada por los agricultores, quienes observan que esta agricultura más sostenible que quiere teledirigir Bruselas elevará los costes.