La negociación del mapa fiscal arrancará de forma inmediata

VALLADOLID- De manera inmediata se iniciarán las reuniones entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo referido a la sostenibilidad de los servicios públicos que se prestan desde el Gobierno autonómico y, por ende, para determinar un mapa fiscal que haga factible el mantnimiento de aquellos.

Así lo aseguró el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, a preguntas de los periodistas acerca de la hoja de ruta que prevé la Junta, tras los acontecimientos que han demorado algunas previsiones del programa de legislatura.

En este contexto, De Santiago-Juárez señaló que «estamos abiertos a estudiar todos los beneficios fiscales y los pocos impuestos que la Junta ha puesto en marcha».

El objetivo, agregó, pasa por detectar el «núcleo» esencial de los servicios públicos -Sanidad, Educación y Servicios Sociales-, y sellar un pacto riguroso y serio. «Parece sensato hacerlo», a pesar de que, advirtió, hay que actuar con esa máxima, «a veces se plantean tasan e impuestos que no tienen repercusión alguna en la recaudación».

Armazón del Presupuesto
Con respecto al impacto que podrían tener esas variaciones en las cuentas del próximo año, que deberán remitirse al Parlamento en apenas tres meses, el consejero portavoz apuntó que es necesario conocer los anticipos a cuenta que tiene pendiente de derivar el Gobierno central y que supondrá el armazón de ese Presupuesto.

No obstante, el portavoz sí dejo claro que los tres grandes ejes de gobierno del Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera, tal y como detalló él mismo en el discurso que pronunció en el Debate sobre el estado de la Comunidad, siguen intactos. Se trata de la recuperación del crecimiento y el empleo, la sostenibilidad de esos servicios públicos esenciales y la construcción de Castilla y León.

De Santiago-Juárez se refirió también a la intención de Castilla y León de que los cambios que afrontarán el Consejo Económico y Social (CES)y el Procurador del Común -como ya ocurrió con el Consultivo y el de Cuentas, que han rebajado a la mitad su número de consejeros en los últimos meses-, irán encaminados a ganar en «eficiencia» y deberían estar contemplados en el proyecto de Presupuestos para el próximo año, de cara a que sean efectivos desde el 1 de enero.

Informe BBVA sobre Educación
El consejero destacó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas «Educación y Desarrollo-Pisa 2009 y el sistema educativo español», fue un asunto abordado en dicha reunión.

«Lo hemos valorado muy satisfactoriamente», indicó, porque ocupamos el primer lugar en las cuatro variables que contempla el estudio (índice de desarrollo educativo, rendimiento, equidad y calidad) que, dijo, muestras las «grandes diferencias educativas entre las comunidades del norte y del sur», lo que definió como «las dos velocidades de la Educación en España». Sobre las recomendaciones del informe, aseguró que la Junta ya trabaja en asuntos como la detección de casos para combatir el fracaso escolar y tender hacia la excelencia, la disciplina escolar, la mayor autonomía en la gestión de los centros, la mejora en lectura y escritura o la escolarización temprana.

Por otra parte, el consejero explicó que la Audiencia Provincial de León ha estimado el recurso que da la razón a la Junta en la solicitud de toma de medidas cautelares para suspender al celador presuntamente responsable del incendio que tuvo lugar, en 2011, en Los Ancares. La sentencia impide al imputado acercarse a menos de 500 metros de cualquier monte de utilidad pública.

Liberalizada la cartografía de la Comunidad
Tres fueron los acuerdos del Consejo de Gobierno. El de mayor calado, referido a un decreto que regula las condiciones de uso de la cartografía e información geográfica producida por la Junta. Estos datos estarán disponibles a través de internet para su descarga gratuita. Por otra parte, se invertirán más de 530.000 euros, de cara al próximo curso escolar, para contratar a 26 intérpretes de lenguaje de signos en los centros educativos públicos con alumnos con discapacidad auditiva. Por último, se dirigen 354.000 euros a la adquisición de 451 portátiles destinados a cubrir las necesidades de 1.723 consultorios locales.