La Audiencia ordena devolver a la Junta la custodia de las actas

Quedaron alojadas en un armario acorazado, en una sala con cámaras y personal de seguridad 24 horas. Sin embargo, la Audiencia provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima los recursos presentados por la Junta y la Fiscalía y deja sin efecto las medidas cautelares adoptadas por Alaya para evitar cualquier tipo de alteración u ocultación de los documentos mientras se resuelve el conflicto de jurisdicción. Es decir, que las 480 actas, en sus once sobres lacrados, irán de vuelta al Palacio de San Telmo.
Con esta decisión la cuestión de las actas da el enésimo giro. La misma Audiencia provincial sevillana, en un auto fechado el pasado 20 de junio, estimó, siguiendo la tesis de Alaya, que las actas del Consejo de Gobierno no son secretas. El pulso se inclinó claramente en favor de la juez instructora. La Audiencia veía motivada la petición y anclaba su argumentación en comprobar si las distintas consejerías y el Consejo de Gobierno tenían conocimiento de que se vulnerara el procedimiento administrativo establecido, tal y como alertó en al menos siete ocasiones –de 2002 a 2008– la Intervención General de la Junta. Es más. Si las consejerías y el Consejo de Gobierno siguieron autorizando el proceso a sabiendas de que se estaban produciendo irregularidades, lo que implicaría un posible delito de prevaricación, que es detrás de lo que anda la juez Alaya desde que ordenó por primera vez la entrega de las actas. «Si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus ilegítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención, puede constituir un delito de prevaricación, de conformidad con el artículo 404 del Código Penal», señalaba la magistrada en un auto fechado el pasado 30 de marzo.
El contencioso, a la espera de elevarse al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo, sigue adelante, pero lo que decaen son las medidas de seguridad dictadas por Alaya. El auto, contra el que no cabe recurso, según informa Ep, deja sin efecto la decisión de la juez al entender que no concurren en el caso las condiciones exigidas por la ley Orgánica 2/1987. La medida «no es necesaria ni proporcional al fin perseguido, careciendo el auto de motivación que justifique la misma», señala el auto, que avala la tesis de los recursos interpuestos por la Junta y el Ministerio Público contra el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 4 de abril.
La Sección Séptima recuerda que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/1987 establece que «el órgano administrativo o jurisdiccional, tan pronto como reciba el oficio de inhibición, suspenderá el procedimiento en lo que se refiere al asunto cuestionado, hasta la resolución del conflicto, adoptando, en todo caso, con carácter provisional, aquellas medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables».
Con o sin una custodia especial de las actas, hasta que se resuelva el conflicto de jurisdicción y la juez pueda o no acceder a las 480 actas de los consejos de gobierno desde el año 2001, queda en el aire uno de los principales flecos de la investigación. El Partido Popular ya ha insinuado en más de una ocasión que detrás de las actas se puede esconder una implicación directa del ex presidente Manuel Chaves y del presidente José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda, departamento del que depende la Intervención General, entre 2004 y 2009. La fecha de petición de las actas se remonta al 2001 porque fue en julio de ese año cuando la Consejería de Empleo –siendo José Antonio Viera el máximo responsable– firmó un convenio con el IFA –luego IDEA– para transferir opacamente a través de este ente las partidas para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Casi 700 millones de euros entre 2001 y 2010.

Claves
1. Alaya pide las actasLa juez que instruye la trama de los ERE solicitó las actas de los consejos de gobierno desde el año 2001 para incorporarlas a la investigación.
2. La Junta se oponeEl Ejecutivo se opuso alegando el carácter secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Alaya, sin embargo, señala que las actas «ni son reservadas ni son secretas».
3. Contencioso en el TSAnte la falta de acuerdo y la posición firme de la Junta en no cejar en su postura, es el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo el que tiene que dirimir.
4. AnticorrupciónLa Fiscalía Anticorrupción consideró desproporcionada la petición de la juez.