El fiscal inicia el proceso penal por sedición contra los controladores

La Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados las actuaciones realizadas tras el caos aéreo provocado por el abandono masivo de los controladores de la torre de control de Barajas, los pasados días tres y cuatro, en las que observa indicios de un delito de sedición, casitigado en la Ley Penal de Navegación Aérea con hasta ocho años de prisión para los principales instigadores.

Esa remisión se produce en virtud de lo establecido en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se dispone que la Fiscalía cesará en sus diligencias «tan pronto tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos». De hecho, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, ya hay al menos un juzgado, el de Instrucción número 28, al que ha correspondido por reparto tramitar la denuncia que presentó una pareja de afectados. Además, el sindicato Manos Limpias presentó una querella que correspondió al Juzgado de Instrucción número 7, pero éste decidió inhibirse en favor del número 28, ya que la denuncia que le correspondió fue presentada con anterioridad.

El Ministerio Público, al cesar en sus investigaciones, lo que hace es judicializar las actuaciones, y para ello tenía dos opciones: presentar una denuncia o remitir lo que se conoce como un «oficio remisorio». Esta última ha sido la elegida. Así, la Fiscalía envía todo lo actuado, aunque no realiza un relato muy pormenorizado de sus investigaciones y tampoco se dirige contra un número concreto de controladores, según confirmaron a este periódico fuentes de la Fiscalía.

En cambio, sí se alude al «abandono masivo» de sus puestos de trabajo» antes de que entrase en vigor el decreto por el que se decretaba el Estado de Alarma, y, por tanto, pasaran a depender del Ministerio de Defensa.

Una vez que es el escrito esté en poder del Decanato de los Juzgados, éste deberá decidir si lo manda a reparto o lo envía a otro juzgado que ya tenga asignada alguna causa relacionada con esos mismos hechos. La próxima semana será cuando la secretaria judicial del Decanato decida lo pertinente. Si su resolución es recurrida, será resuelta en última instancia por el juez decano, José Luis González Armengol.

Por otro lado, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, aseguró ayer que no ve «descabellado» que se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos en el marco de las diligencias penales que se abran, para garantizar de esa forma las posibles responsabilidades civiles en que puedan incurrir esos profesionales.

Jurisdicción ordinaria, no militar
- Los controladores que fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Madrid guardaron todos silencio por entender que la jurisdicción competente para investigar los hechos era la castrense, ya que quedaron «militarizados» tras el Estado de Alarma. Sin embargo, la investigación del fiscal iba encaminada a conocer lo ocurrido antes de que entrase en vigor el decreto que «militarizaba» las torres de control, los motivos por los que el día antes y la mañana del día cuatro no acudieron a sus puestos de trabajo. Éste es el aspecto determinante que, según las fuentes consultadas, determina que la competencia corresponda a los juzgados ordinarios, ya que desde que se decretó el Estado de Alarma no se ha producido un solo abandono. Precisamente, la Audiencia Nacional rechazó la competencia de una denuncia presentada por la OCU por estos hechos y la remitió a la Fiscalía de Madrid.