El PP acude a la Justicia para reclamar la nueva FAMP que niega el PSOE

Al PP andaluz se le ha agotado la paciencia y, ante la negativa del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista Francisco Toscano, de convocar la asamblea general de la entidad para renovar sus órganos, anunció ayer que acudirá a los tribunales para que sea un juez el que lo haga. Según recordó el secretario general de la formación, Antonio Sanz, el artículo 18.4 de la federación establece que la asamblea deberá convocarse tras las elecciones municipales y antes de la celebración de la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), fijada para el próximo día 23.

Hasta el momento, Toscano no sólo no ha puesto en marcha la maquinaria de renovación, sino que ha mostrado su deseo de constituir la nueva FAMP tras las elecciones generales, un extremo «absolutamente ilegal» a juicio de Sanz. Para el dirigente popular, este parón obedece a que Toscano y el PSOE «no han asimilado el batacazo electoral» de los socialistas en los pasados comicios, por lo que «buscan la trampa y la fullería porque quieren seguir ‘mangoneando'» en la federación.

Teniendo en cuenta el nuevo escenario municipal, el PP tiene 2.690 votos en la entidad, frente a los 2.087 del PSOE, los 311 de IU, 152 del PA y 105 de los grupos independientes. Los populares, por tanto, tendrían mayoría para que el próximo presidente sea de sus filas.

Sanz dio una vuelta de tuerca más en sus críticas al asegurar que existen más de 100 organismos regionales y provinciales que «se han reunido, han decidido y han aprobado leyes y subvenciones» con la antigua composición de la entidad, derivada de las elecciones municipales de 2007. «Esto es una auténtica desvergüenza política, como si las elecciones de mayo no se hubiera celebrado», lamentó el dirigente popular.

Esta situación se une a un panorama que roza el colapso, puesto que la FAMP no cuenta con un presupuesto para 2011, no ha liquidado el de 2010 y apenas se han celebrado comisiones ejecutivas, cuando los estatutos fijan que se deben convocar cada tres meses. Además, diez de los 26 miembros de la comisión ejecutiva deberían haber sido cesados tras las elecciones municipales puesto que han dejado de ser alcaldes.

De otro lado, el partido decidirá hoy, en el marco de un Consejo de Alcaldes de la formación que se celebrará en Ronda (Málaga), qué medidas judiciales y qué acciones de protesta emprenderá ante la previsible aprobación en el Parlamento andaluz, con los votos de PSOE e IU, de la modificación de la Ley Electoral de Andalucía para introducir la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y diputado autonómico.