El partido no se plantea expulsar a Rivas porque «colabora con la Justicia»

SEVILLA- El contundente escrito de acusación de la Fiscalía, que señala que Antonio Rivas y Fernando Mellet pidieron una comisión a los empresarios de La Raza «de común acuerdo y con el fin de obtener un lucro ilícito», no ha hecho variar ni un ápice la posición del PSOE respecto al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla. El partido no sólo no se plantea expulsarlo como militante, sino que mantendrá su puesto dentro del Comité Director andaluz bajo la excusa de que «está colaborando con la Justicia».
La durísima petición de una condena de 900.000 euros de multa y 21 meses de inhabilitación para cargo o empleo público no constituye «ninguna valoración distinta a la que teníamos en el día de ayer», según indicó la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz. «Si existe alguna variación, en el partido se verá en ese momento cuál es la posición que se adopta», indicó la «número dos» de José Antonio Griñán.
La justificación es que, de momento, tan sólo hay un pronunciamiento por parte de la Fiscalía y que habrá que esperar a que «el procedimiento judicial empiece a andar». No obstante, el código interno de buen gobierno del PSOE establece que serán expulsados del partido aquellos militantes sobre los que pese una imputación en firme. De hecho, Fernando Mellet y Daniel Ponce fueron apartados de la militancia en abril de 2009, tan sólo dos meses después de estallar el escándalo, mientras que Rivas conserva su cargo orgánico bajo la «coartada» de que la imputación no es firme.
Cada vez que se producía un nuevo varapalo judicial para el exdelegado de Empleo, el PSOE alegaba que «cuando la imputación sea firme, no podrá seguir en el cargo, pero mientras tanto...». Además, siempre puso en duda la consistencia de las acusaciones, aferrándose al auto de la juez de que existían «leves indicios de delito» y apelando a la presunción de inocencia, que no ha sido tenida en cuenta en los casos de Mellet, Ponce o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
De hecho, en el recurso de reforma contra el auto de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado presentado por el PSOE se calificaba de «sarcasmo» la imputación de Rivas. Además, acusaba a la juez de mantener «una suerte de sostenella y no enmedalla» y de actuar movida por «el evidente efecto mediático y protagonismo público».
En un durísimo recurso, y pese a ejercer la acusación particular, el abogado del PSOE lamentaba que se sometiera a Antonio Rivas «perniciosa y gratuitamente a una pena de banquillo» y a «una diabólica inversión del principio constitucional de presunción de inocencia».

El PA reclama que se tome declaración a Torrijos
El PA entregó un escrito en el juzgado de Instrucción número seis reclamando que la juez Mercedes Alaya cite en calidad de testigo a Antonio Rodrigo Torrijos en la causa sobre la venta presuntamente fraudulenta de los terrenos. La candidata a la Alcaldía, Pilar González, señaló que el primer teniente de alcalde «como mínimo era conocedor de las decisiones; no sé si autor o ideólogo». Por otro lado, la declaración como imputado del gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, se ha aplazado del 2 al 16 de marzo.