Recorte de un 35% en Telemadrid y amenaza de cierre

Antes de que acabe el año se conocerá el número de trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid a los que les afectará el ERE previsto como paso previo a la externalización de la cadena. Lo que sí es una realidad, según insitió ayer el presidente regional Ignacio González, es que la cadena pública «no es viable» en la actualidad. Tanto es así que ayer González, incluso, lanzó un aviso a navegantes: «Si conseguimos hacer un expediente de regulación de empleo que nos permita mantener ese servicio, lo haremos externalizándolo. Si no podemos hacerlo, nos tendríamos que plantear en su caso el cierre».

González explicó que le «gustaría» que el ERE se realizara «de acuerdo con los sindicatos», pero que en el caso de que no se produzca un acuerdo, la Comunidad, advirtió, lo hará «exactamente igual» al tratarse de una «imposición legal» el hecho de que «no exista déficit en este servicio».

La negociación con los sindicatos de Telemadrid se encuentra en punto muerto, sin embargo el tiempo corre en su contra. Ayer se conoció que el presupuesto para el próximo año caerá un 35 por ciento, pero esto no parece ser suficiente para la supervivencia de una cadena que cuenta con 1.175 trabajadores y que acumula una deuda de unos 245 millones de euros.

El gasto de explotación de la cadena se reducirá en más de 46 millones, al pasar 131 millones de euros a los 84,5 millones de euros, según confirmaron a Europa Press fuentes del Consejo de Administración, que este lunes aprobó las nuevas cuentas.

El Ente prevé ingresos de 86 millones de euros, de los que 71 millones proceden de la Comunidad de Madrid –ocho millones menos que el año pasado, cuando recibieron 78,9 millones de euros– y otros 15 millones de ingresos por publicidad. Estos nuevos presupuestos se han elaborado en cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que impide el déficit. Es decir, tampoco se podrá habilitar ninguna subvención extraordinaria porque rompería el equilibrio presupuestario que exige la ley.

La Comunidad se encuentra a la espera de que Deloitte-Cuatrecasas le entregue una auditoría para llevar a cabo una reestructuración de la empresa en la que estaría incluido el ERE previo a la privatización de la cadena, que ahora permite la nueva Ley Audiovisual y que todos los dirigentes autonómicos desde la etapa de Gallardón han deseado.