Las pruebas del «caso Umbra» por José Clemente

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, se ha embarcado con el llamado «caso Umbra» en una nave que quiere cruzar el océano con varios agujeros en su casco. Misión imposible. Tal vez ni alcance el Mar de Alborán, que está pegado al Cabo de Gata, por eso, cuando el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano ve que le flaquean las fuerzas, le endosa otro informe con el que entretenerlo y mantener abierta la herida que busca, en última instancia, el fiscal-jefe del TSJ, Manuel López Bernal. Esas heridas no son otras que las de Jesús Samper y Miguel Ángel Cámara, y, por elevación, la de Ramón Luis Valcárcel, que además de haber rubricado distintos acuerdos con el primero (bien recientemente el desarrollo del parque temático Paramount), dejaría tocado al presidente ante una hipotética causa mayor que obligara al segundo. Pero por suerte para todos, el Ministerio Público murciano, con las lógicas excepciones, no se aguanta a sí mismo y por mucho que maree la perdiz no se sostiene desde el punto de vista jurisprudencial, porque sus actuaciones responden casi siempre a partes interesadas, bien sean partidos políticos, amigos o anónimos que hacen llegar a la Fiscalía todo tipo de fabulaciones. No diré que algunos de sus miembros carecen de la necesaria profesionalidad que se espera a los investigadores públicos, entre otras consideraciones porque no todos son iguales ni trabajan en comandita bajo las órdenes del fiscal-jefe Manuel López Bernal, pero casi, casi.

Con el «caso Umbra» sucede lo mismo. Están empecinados desde la Fiscalía en encontrar un quebranto a las arcas públicas municipales que no existe. Hasta donde alcanza mi entender en materia urbanística un terreno que está fuera de todo ordenamiento o planteamiento oficial goza de un tratamiento distinto al que disponen los Planes Generales de Urbanismo, y por lógica cartesiana, un precio distinto y unas contraprestaciones distintas a los terrenos sujetos a dicho PGOU. Además, creo no desbarrar si digo que, incluso, existe un margen legal para que el constructor pueda obtener un margen de plusvalía diferente al que rige para otros emprendedores más sujetos a la ley por las características del suelo en cuestión.
Sabe todo el mundo que entre otras contraprestaciones por urbanizar la zona de Nueva Condomina se le pidió la construcción del estadio y un campo de golf para uso público. El primero ahí está, como la puerta de Alcalá, y el segundo está pendiente de que se aclare todo este berengenal para poder ejecutarlo. No son beneficios netos del constructor, sino una obra pendiente que, acabada la investigación fiscal, podría llegar a su término. Pero no. Lo que se busca es que el procedimiento no se acabe, porque esa es la única manera de tenerles imputados y bajo la sombra de la sospecha. Y en medio la Fiscalía, como el perro del hortelano...

Además, si se votó en un pleno municipal por qué no se ha citado a nadie de la oposición como por ejemplo a José Salvador Fuentes Zorita, a la sazón jefe del grupo socialista, que votó favorablemente el convenio de Nueva Condomina que venía muy bien avalado por los técnicos municipales. No se le cita porque el PSRM es la parte denunciante, con la que alterna públicamente y hasta con simpatía el fiscal-jefe, Manuel López Bernal. Y para más inri todavía se levanta una gran parte del secreto de sumario que, en principio despeja todas las dudas sobre el caso y la falta de pruebas en las que se sustenta el asunto, pero dejan «sub iudice» las últimas declaraciones del alcalde que todos conocemos y no hacen al caso, con lo que se evidencia una sospechosa animadversión al mantenerle sometido bajo esa figura penal. ¡O hay caso, o archívese de una vez por todas!, pero no puteen al personal mientras los chorizos de verdad y los asesinos de ETA entran a la cárcel por una puerta y la mañana siguiente salen por la otra. ¡Y tan panchos!