Cercados por la corrupción

MADRID- Son 700 millones de euros los que libró el Gobierno andaluz entre 2001 y 2010 con cargo al denominado como «fondo de reptiles», haciendo caso omiso al procedimiento administrativo establecido, según puso de manifiesto reiteradamente la Intervención General de Hacienda, y sin que estas ayudas pasaran por el Consejo de Gobierno o por el Boletín Oficial de la Junta (Boja).


- Intrusos laborales
Hay por ahora 72 personas que han cobrado una póliza de prejubilación –de entre 100.000 y 200.000 euros de media– que nunca ficharon en la empresa en la que figuran y otros 111 que el Gobierno ha etiquetado con el eufemismo de «irregularidades administrativas» y que son también intrusos laborales. Entre esta nómina figura la suegra del que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas –«el conseguidor»–y su mujer, y entre la decena de cargos socialistas hay ex alcaldes, como el del municipio sevillano de El Pedroso, Rafael Rosendo, o el que fuera delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Rodríguez Cordobés. Asimismo, el dinero para el fomento del empleo ha ido a parar en algunos casos a asuntos tan alejados de este propósito como una residencia de ancianos o una escuela hípica.


- Trafico de influencias
La dimensión de la trama que investiga la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla nada tiene que ver con el diagnóstico de la «cuadrilla de cuatro sinvergüenzas» que hizo en un principio la Junta y el PSOE. Las responsabilidades llegan ya al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, también incluido en el ERE de González Byass que autorizó él mismo estando en el cargo, al que la juez ha imputado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
El propio Griñán está en el ojo de huracán, ya que la Intervención General de la Junta remitió repetidos informes a su entonces viceconsejera –y actual consejera de Hacienda– Carmen Martínez Aguayo para que diera traslado al ahora presidente andaluz de las irregularidades que se estaban produciendo. Aguayo esgrime que no leyó los informes y que no consideró relevante dar traslado a Griñán; el PP ve una prueba manifiesta de que el jefe del Ejecutivo supo y tapó el escándalo en su etapa de consejero de Economía.


- «Caso Mercasevilla»
El caso de los ERE subió un peldaño al trascender que un ex concejal socialista de Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, que figura como intruso en una empresa, compró junto con la ex alcaldesa del municipio sevillano, Encarnación Díaz Cerezo, una sede que luego donaron al partido. Aquí el PP encontró el argumento perfecto para fortalecer la acusación de posible financiación irregular del Partido Socialista.

Imputados una decena de cargos socialistas
Entre la decena de cargos socialistas imputados por los ERE figuran ex alcaldes como el de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, el ex consejero de Empleo Antonio Hernández, el que fuera delegado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Rodríguez Cordobés, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas o el ex concejal socialista de Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto. Éste, que figura como intruso, compró junto con la ex alcaldesa del municipio, Encarnación Díaz, una sede que posteriormente donaron al partido.
700 millones de euros
- Es la cantidad que desembolsó la Junta de Andalucía de 2001 a 2010 con cargo al llamado «fondo de reptiles».