Acabar con la «piratería»

El ruido de la batalla digital desatada en el mundo de internet por el cierre de la web de descargas ilegales Megaupload, no debería ocultar las verdaderas razones que han movido al FBI estadounidense a actuar o las que han impulsado al Congreso de los EE UU a redactar una normativa para poner sentido común en el mercado digital, al igual que hizo en su momento nuestra vecina Francia. Son las mismas razones que en España unieron a socialistas y populares para aprobar la «Ley Antipiratería»: la protección de los derechos de autor en la red y acabar con la práctica que se sirve del «gratis total», que daña gravemente a la industria cultural y se apodera de lo que corresponde por derecho a los creadores. Nuestra norma carece todavía de reglamento en vigor, pero cuando se publique se volverán a escuchar las mismas críticas de quienes, mientras hablan de libertad se aprovechan para llenar sus bolsillos a costa de mofarse de los derechos de los demás. Que es precisamente lo que hacía el fundador de la web cerrada, que disfrutaba de una lujosa vida gracias a los millones ganados a golpe de ratón por difundir por su página todo tipo de contenidos sin pagar ni un céntimo a los legítimos propietarios. El informe policial del FBI es fruto de una compleja investigación y refleja la existencia de otras páginas web que colaboraban con Megaupload para extender la distribución gratuita de contenidos culturales por internet. Dos de estas páginas señaladas por la Justicia en EE UU, Seriesyonkis y Películasyonkis, son españolas.

Acabar con la «piratería» en internet es un asunto que a todos interesa pues, lejos de suponer recorte alguno a la libertad de expresión, pone en su sitio a cada uno de los actores del mundo de la cultura y beneficia a la sociedad en su conjunto. El «gratis total» no puede ser calificado como un ejercicio de libertad cuando perjudica gravemente a creadores y difusores culturales y nos empobrece a todos. Como tampoco supone censura alguna acabar con las estafas por internet o la distruibución de pornografía infantil y enviar a prisión a los autores de estos abusos y a quienes se aprovechan de la difusión de las imágenes.

El desconcierto que supuso la explosión de la red , y la inevitable simpatía populista que concierta el concepto del «gratis total» no pueden servir aún de excusa para consentir que se despoje impunemente de sus obras a los creadores. La obligación del Ejecutivo es acabar de una vez con la «piratería» y defender la propiedad de los creadores y los derechos de quienes trabajan legalmente, pagan impuestos y crean riqueza, en la difusión de la cultura en España.