La administración paralela se libra: sólo un 5% menos en subvenciones

Sevilla- Las llamadas de sindicatos críticos como CSIF o el Sindicato de Funcionarios de la Junta (SAF) para que la Junta recorte sustancialmente el peso del anillo de empresas, fundaciones o consorcios, no han surtido efecto. El Ejecutivo de Griñán salva a la denominada administración paralela. El recorte en transferencias y subvenciones es de apenas un 5 por ciento respecto a la partida inicial de 2012 (3.321 millones), lo que supone una disminución de sólo 140 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la tijera en las inversiones sí se ha empleado a fondo, con un recorte del 20 por ciento respecto a 2012.

Con todo, en las empresas públicas tendrá que haber significativos ajustes internos porque lo que sí se ha caído es la posibilidad de obtener beneficios al margen de las transferencias de la Junta. La caída de facturación por ventas y prestación de servicios se estima en 223 millones, un 26 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

No hay, sin embargo, por parte de la Junta, una guía de instrucciones homogénea sobre cómo actuar para enfrentarse a la merma de ingresos. Es decir, en qué casos y cómo se pueden aplicar medidas como reducciones de jornada, bajadas de salario o, en última instancia, despidos que el Gobierno andaluz no contempla, pero tampoco acaba de descartar del todo. Y, a tenor de la situación que se avecina, los habrá con toda seguridad.

La consejera de Hacienda dijo en este sentido, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que es reponsabilidad de cada empresa tomar las medidas oportunas, al tiempo que señaló que no hay ningún plan de reordenación del sector público. El que hay es el vigente, que se aprobó por ley a principios de 2011 –originando una gran contestación de los funcionarios– y que está previsto que acabe al final de este año. El socio de gobierno, IU, sí que dijo hace sólo unos días que era precisa una segunda reordenación, mejorando la eficiencia y poniendo coto a las externalizaciones y a las polémicas encomiendas de gestión a menudo enmendadas por varapalos judiciales. La conclusión es que, si no hay tutelaje por parte de la Junta, se puede abrir una suerte de ley de la selva en cada empresa para ajustar sus balances.

A diferencias de los grandes recortes que han experimentado las televisiones públicas de otras comunidades, la Junta sólo resta cinco millones en transferencias a la Radiotelevisión andaluza. De 123 millones en las cuentas anuales de 2012 a 118 millones. El problema es que la pesada estructura del ente público (con 1.600 trabajadores) le está generando un elevado déficit (este año pudede llegar a 40 millones) que probablemente volverá a generarse en próximos ejercicios. A los 118 millones, se unen otros 20 millones de presupuestos de capital, de ahí que miembros del PP en el Consejo de Adminstración criticaran el crecimiento respecto a la cifra de 2012 para financiar el «autobombo».