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La detención de Dotcom se vuelve contra las autoridades de Nueva Zelanda

La detención del fundador de Megaupload, Kim Dotcom, en Nueva Zelanda le ha estallado en las manos a las autoridades del país, después de que se supiese que los servicios de inteligencia y la fiscalía bordearon la legalidad.

El fiscal general de Nueva Zelanda, Chris Finlayson, confirmó hoy ante el Parlamento que Dotcom puede demandar al Estado por los bienes que le confiscaron tras su arresto el 20 de enero pasado en la mansión que había alquilado en las afueras de Auckland, según Radio New Zealand.


Finlayson detalló que el posible pleito solo cubriría 20,5 millones de dólares neozelandeses (16,9 millones de dólares o 13,1 millones de euros) de los haberes incautados, y de los cuales se han devuelto a su dueño 6,5 millones de dólares locales.


El fiscal general explicó a los legisladores que la orden firmada por el jefe de la Policía, Peter Marshall, aceptando responsabilidades es una "rutina"que nada tiene que ver con el proceso de extradición de Dotcom, el Gobierno de Estados Unidos o el reciente escándalo de los servicios de inteligencia nacionales.


El espionaje neozelandés vigiló al fundador de Megaupload del 16 de diciembre de 2011 hasta la fecha de su detención y, según documentos judiciales, lo hizo en base a informaciones erróneas que le facilitó la Policía.


El problema legal es que los servicios de inteligencia solo tienen competencia para investigar a extranjeros, condición que no se podía aplicar a Dotcom porque disponía de permiso de residencia en el país.


Dotcom, de nacionalidad alemana y finlandesa y con permiso de residencia también en Hong Kong, tuiteó el lunes que todo este asunto le ha convertido en una especie de "villano de las películas de James Bond"en un "film de suspense sobre derechos de autor escrito al alimón por Hollywood y la Casa Blanca".


El informático de 38 años vive en libertad condicional con su esposa Mona y sus cinco hijos mientras espera que arranque el juicio de su extradición a EEUU, el próximo mes de marzo.
El autoproclamado "justiciero"cibernético ironizó horas más tarde en otro tuit: "Han contactado con la oficina del Planeta Key. Todos nuestros agentes están ocupados socavando tus derechos y vendiendo tus bienes". "¿Quizás el planeta Key es como la 'Estrella de la muerte'?", se preguntó Dotcom, y complementó el comentario con la fotografía de una sandía con la corteza tallada como la "Estrella de la muerte", la estación espacial de "La guerra de las galaxias".


Mientras Dotcom hace uso de la informática, su popularidad y su característico sentido del humor, sus mejores armas, el comportamiento de la Policía y los servicios de inteligencia levantan ampollas en la escena política neozelandesa.


El escándalo estalla además poco después de la visita a Auckland del secretario estadounidense de Defensa, Leon Panetta, el 21 y 22, para impulsar los lazos bilaterales, que enfrió la política antinuclear que adoptó Nueva Zelanda desde 1985.


Para Bryce Edwards, columnista del National Business Review, el giro en la saga de Dotcom ilustra cómo Nueva Zelanda va camino de convertirse en el segundo "sheriff"de Washington en el Pacífico Sur, tras Australia.


El director ejecutivo de Internet NZ, Vikram Kumar, exigió que se hiciese público el informe sobre el caso de espionaje y recordó que este asunto, unido a otros ocurridos durante el proceso judicial, lleva a que uno se pregunte si se han vulnerado otras leyes.


El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha intentado contener el escándalo con la apertura de una investigación completa de la actuación de los servicios de inteligencia.
Pero Dotcom prefiere jugar la partida de otro modo y hoy anunciaba en un tuit: "Yo no quiero querellarme con el Gobierno de Nueva Zelanda. Amo este lugar y no quiero apesadumbrar a los que pagan impuestos. Pero creo que es el momento de la diplomacia. Todo esto está mal". "Mañana vuelvo a la Corte Superior. Espero respuestas", añadió Dotcom.
Estados Unidos acusa a Megaupload de haber causado más de 500 millones de dólares en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares