Un diputado socialista al que Anticorrupción ya investiga medió en otro ERE con intrusos

SEVILLA- Sería al menos el tercer caso conocido en el que se relaciona a este diputado autonómico con algunos de los expedientes financiados por la Junta de Andalucía con cargo al conocido «fondo de reptiles». Su firma aparece en el acuerdo final de Delphi y hay documentos y testimonios de imputados que le atribuyen un papel esencial en la tramitación del ERE de Saldauto. Por este último, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la Consejería de Empleo informe sobre «el cargo, funciones e intervenciones realizadas por quien es identificado como Ramón Díaz» en ese expediente, en el que se han detectado a tres personas que han percibido una prejubilación de manera irregular.
Según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que la Junta de Andalucía ha remitido a la juez Mercedes Alaya, Díaz Alcaraz fue uno de los interlocutores en el proceso de negociación del ERE de Tioxide Europe. Un correo electrónico del bufete Garrigues le traslada, entre otras cosas, que tras contactos entre sindicatos y la empresa y «tras informar a Juan Márquez –el director general de Trabajo que sustituyó a Francisco Javier Guerrero– del estado de la planta y los problemas laborales asociados al mismo, iniciaremos un proceso de negociación informal y confidencial para explorar los puntos de aproximación posible». Esos son los primeros contactos que luego derivaron en la aprobación de un ERE de carácter extintivo para 66 trabajadores y que recibió 3.084.464,74 euros por parte de la Junta. Antes, se había abonado otra póliza para 6 ex trabajadores. La investigación posterior detectó dos intrusos.
Díaz Alcaraz, diputado del PSOE en el Parlamento andaluz, trabajó como asesor de la Dirección General de Trabajo entre 2005 y 2009.

«Préstamos a empresas amigas»
- El PP andaluz denunció ayer otro fraude cometido con el dinero del «fondo de reptiles»: préstamos a «empresas amigas» que luego eran condonados.
- Según dijo el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, los trámites contaron con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
- El dinero se entregó sin mediar convocatorias públicas y «sin ningún tipo de justificación o finalidad concreta», sin que, «en la mayoría de los casos», se reintegraran a las arcas públicas.