525 años para reírse en la cárcel

La argumentación jurídica abierta por el juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina según la cual los terroristas no sólo son quienes aprietan el gatillo sino todos aquellos que les amparan recibió ayer un espaldarazo con la sentencia del «caso EKIN». El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, ha condenado a un total de 525 años de cárcel a 47 de los 52 acusados de pertenecer a asociaciones del entorno de la banda. Pero más allá de las voluminosas penas, la Audiencia Nacional ha «bendecido» esa tesis que, a finales de los años 90, permitió actuar judicialmente contra los satélites de la organización terrorista.

La Sala no ahorra calificativos para la «Koordinadora Abertzale Socialista» (KAS) y su heredera EKIN, a quienes señala como las «entrañas» y el «corazón» de la banda criminal; tampoco se libra la asociación europea XAKI –la define como el «aparato de relaciones internacionales» de ETA– y en cuanto a la Fundación Joxemi Zumalabe (principal impulsora de la campaña de desobediencia civil que promovió el DNI vasco) mantiene que «colaboró decisivamente» con los terroristas «arropando» su «lucha armada» y «lucha de masas».

Once dirigentes de ETA

A lo largo de 1.182 folios, la resolución ahonda también en el entramado económico que, bajo el paraguas de KAS-EKIN, permitía allegar fondos a ETA y aborda igualmente a su frente mediático, el clausurado diario «Egin», donde era la banda quien designaba a los cargos directivos. La sentencia declara además ilícitas a tanto a KAS, EKIN y XAKI como a otras ocho sociedades del entorno de la banda (entre ellas Orain, la editora de «Egin») y ordena la liquidación de su patrimonio.

Once de los condenados lo han sido como dirigentes de ETA –entre ellos el abogado de etarras Txema Matanzas, la responsable de Comunicación de XAKI Elena Beloki y Xabier Alegria, responsable nacional de EKIN– y otros veinte por integración en organización terrorista. Catorce más son condenados por colaboración con banda armada y dos por insolvencia punible con fines terroristas.

Ninguno de ellos escuchó a la presidenta del tribunal leer el fallo. Tal y como hicieron a lo largo de los 14 meses de la vista –salpicada de numerosos incidentes repetidos «con machacona insistencia»–, los procesados exhibieron una última «coreografía» en la que la acusada Teresa Toda ejerció de directora de escena. Nada más abrir la boca Murillo se levantó de su asiento y protestó en voz alta. «¡No aceptamos esta sentencia porque es un juicio político!». La magistrada le cortó en seco, pero para entonces la mayoría de los procesados ya estaban en pie y cantaban puño en alto el «Eusko gudariak» (himno del soldado vasco). Todos los procesados menos nueve fueron expulsados de la sala, al igual que dos decenas de familiares y amigos que abandonaron los asientos del público con gritos de «¡Gora Euskal Herria askatuta!».

El tribunal hace hincapié en que no se ha juzgado a nadie por pertenecer a la izquierda abertzale, una interpretación que considera «un soberano despropósito», ni siquiera por compartir objetivos con ETA, sino por actuar siguiendo las directrices que les marcaba la banda.

Al servicio de la banda

Así sucede, insisten los magistrados, con KAS, el brazo político de la organización, que «estaba al servicio» de ETA y codirigía con ésta la «lucha de masas», complementaria de la «lucha armada». «El binomio criminal ETA-KAS no es un invento policial», replica la Sala a las defensas de los procesados, que insistieron en la vista en desligar a ambas.

Tras la declaración de ilicitud de KAS por parte de Garzón en noviembre de 1998, el «frente político» no se quedó huérfano. EKIN tomó el relevo y heredó buena parte de sus militantes. Era, sin más, un «disfraz» para sortear el acoso policial y judicial que sufría la banda. Incluso, la Sala deja constancia de que KAS pagaba al portavoz batasuno Arnaldo Otegi alrededor de 110.000 pesetas mensuales como miembro «liberado» de la coordinadora abertzale, según reconoció el acusado Vicente Askasibar, ex tesorero de KAS, al juez Garzón durante la instrucción del sumario.

La desobediencia civil auspiciada por la Fundación Joxemi Zumalabe era, recalcan los magistrados, «otra forma de lucha en aras a alcanzar la construcción nacional en Euskal Herria», según consta en un zutabe (boletín interno de ETA) de septiembre de 1995. Su objetivo era conseguir la ruptura con el resto de España y «volverles locos con acciones desobedientes». Así consta en un documento remitido por uno de los acusados a la cúpula de ETA y a la propia fundación.

El proyecto es concebido por ETA para lograr la independencia, consciente de que la «lucha armada» resulta «insuficiente». Pero a los acusados relacionados con esta fundación, insiste la Sala, no se les condena como colaboradores de ETA por perseguir ese mismo objetivo etarra «por esas casualidades que depara el destino», sino por hacerlo siguiendo las directrices de los terroristas.

La asociación europea XAKI fue creada en 1996 en sustitución de la desaparecida KEA. Como en el caso de su antecesora, ETA «seguía estando presente» decidiendo la estrategia en el plano internacional para ganar la batalla de la opinión pública en el extranjero y crear una corriente favorable a una «solución dialogada» al «conflicto» vasco, una carencia detectada tras el fracaso de las conversaciones de Argel.