El Fiscal Superior de Andalucía ve indicios de estafa en las preferentes

Sevilla- La Fiscalía Superior de Andalucía ha emitido un decreto en el que señala que hay existencia de «fraude» o «engaño» en las denominadas participaciones preferentes. Según el escrito, remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que ha tenido acceso este periódico, señala que este supuesto fraude «puede alcanzar relevancia penal», ya que asegura que las operaciones se realizaron «aprovechando una relación de confianza existente entre algunas oficinas bancarias y los particulares afectados», por lo que lo califica como «delito de estafa», al tiempo que deja la puerta abierta a una «supuesta comisión de otros ilícitos penales».

La respuesta de la Fiscalía llega después de que Chamizo enviara un escrito a este órgano en el que expresaba la situación de casi 67.000 personas –aunque las asociaciones de afectados las elevan a 100.000– que pueden estar en esta situación en toda la comunidad y, en concreto, de las miles de quejas que le habían llegado.

El Defensor denunciaba entoces «la falta de información sufrida y el abuso cometido por sus respectivas entidades financieras, que se habrían aprovechado de su desconocimiento para obtener unos ingresos con promesas de unas ventajas o condiciones que finalmente no se han cumplido». Es más, en dicho documento, puesto de manifiesto en el decreto de la Fiscalía, se señala que «en los casos más graves se aportan copias de contratos sin firma, suscritos con la huella dactilar o por menores de edad». A la vez, recuerda que Chamizo recalca «la numerosa afectación a personas en una precaria situación económica, al colectivo de la tercera edad y un grave quebranto material y anímico al no poder disponer de sus ahorros, ni siquiera para hacer frente a sus necesidades más básicas o a situaciones de urgencia sobrevenidas». Ante este panorama, el pasado 17 de julio, tanto Chamizo como el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, anunciaron la apertura de una investigación sobre esta trama bancaria.

En el decreto, la Fiscalía explica que las «participaciones preferentes son recursos propios de las entidades de crédito que pueden ser consideradas activos financieros de carácter complejo y de un alto riesgo. Son aportaciones perpetuas que no están protegidas, además, por el Fondo de Garantía de Depósitos», por ello, entiende que dirigirlas a los pequeños ahorradores es una «práctica totalmente abusiva». Ante esta situación, recuerda que ya ha habido actuaciones de la Justicia en este ámbito, por lo que anima a los afectados a acudir a los juzgados de primera instancia y a las audiencias provinciales en virtud del «carácter complejo de este producto financiero, la ausencia de una información adecuada, el perfil acreditado del inversor y la vulneración de la normativa estatal reguladora del mercado de valores», para que puedan exigir a las entidades financieras los correspondientes daños y y perjuicios además de las «cantidades que han sido invertidas».

Las diligencias abiertas por el fiscal tienen fecha del 13 de julio y en ese momento ordenó mandar copia del decreto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, a las Provinciales, a la Unidad Adscrita de la Policía Judicial y a la Secretaria General de Consumo de la Junta de Andalucía. Finalmente, recuerda que el Ministerio Fiscal puede ejercer la llamada «acción de cesación» en defensa de los intereses de los consumidores, así como la «acción de resarcimiento» contra las entidades de crédito que hayan realizado estas prácticas «declarando la existencia de cláusulas abusivas» y la nulidad de los contratos.