Segundo ultimátum de la juez: tres días para que la Junta envíe las actas

SEVILLA- Tres días. Ése es el plazo otorgado por la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, en su segundo ultimátum para que la Junta envíe «para su examen» las actas del Consejo de Gobierno «desde el año 2001», en relación a la investigación sobre el fraude de los ERE. «Como medida cautelar», la magistrada otorga 72 horas para que la Administración remita, «para su custodia», la información «en sobres cerrados o lacrados», que quedará «depositada en este juzgado hasta que se resuelva el conflicto planteado, con el apercibimiento de que de no verificarlo podría incurrirse en delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468 del Código Penal».

La magistrada, según el auto al que tuvo acceso LA RAZÓN, aclaró que «no tendrán que aportarse los documentos presentados al Consejo de Gobierno que tengan carácter reservado». «Si hubiere actas en las que hipotéticamente se contuvieran deliberaciones, opiniones o votos, se suprimirán tales apartados, manteniendo (...) las conjugaciones de los verbos (‘deliberar', ‘opinar' o ‘votar') utilizados en los apartados que por su carácter secreto hayan de suprimirse y todo ello a los fines de conocer con exactitud las partes que se eliminan». Si se suprimen «algunos de los contenidos mencionados, se acompañará igualmente exposición razonada de ello». La medida –expuso la juez– se adopta para «salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción». El Ministerio Fiscal y las partes personadas contarán con diez días para pronunciarse sobre el conflicto que tendrá que resolver el Tribunal Supremo. La decisión no estará antes de, como mínimo, tres meses.
Aparte, Alaya requiere «las actas de los Consejos de Dirección de la Consejería de Empleo, Economía y Hacienda y Presidencia desde 2001», así como las de «Innovación, Ciencia y Empresa desde la fecha de incorporación del IFA –actual IDEA– a dicha Consejería».

La portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, por su parte, reiteró la «voluntad de colaborar sin renunciar al fuero» y anunció que se enviarán las actas, aunque expresó su malestar con la actuación de la juez Alaya. «Lo que corresponde es que el juzgado debe instar el contencioso ante el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales», añadió la consejera. La Junta –según Moreno y pese a las críticas de la magistrada– colabora «al 99,9%» con la Justicia en «un asunto que denunció la propia Junta». Para el Gobierno andaluz, no es que no haya colaboración, es que existe una «discrepancia» sobre las actas solicitadas «de manera indiscriminada, tenga o no que ver» con los ERE.

«Con independencia del Tribunal de Conflictos, no queremos dilación», explicó Moreno, argumentando que «el esclarecimiento de los hechos juega a favor de Andalucía y de este Gobierno», para que «los culpables sufran el castigo de la Justicia». «Mandaremos las certificaciones positivas y negativas de las demandas del auto del 30 de marzo, en el que se precisan más» las peticiones, indicó. «Las modificaciones que enarbola Arenas sin rigor para confundir también las mandaremos; todo lo que sea de utilidad a la causa», subrayó. Lo que «no significa que compartamos los argumentos y exigencias de la juez, con la que no vamos a polemizar públicamente». La petición de la información en sobres lacrados, para Moreno, responde a una «garantía de confidencialidad». «Menos mal que ha sido la Junta la que ha denunciado», se quejó Moreno, obviando que quien llevo el caso a los tribunales fue el candidato del PP en Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

Incumplir conlleva un delito de desobediencia a la autoridad judicial
- La juez –que admitió la querella del PP contra diversos ex altos cargos (Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero, Antonio Rivas, entre otros) e implicados en la trama de los ERE– señaló en el auto emitido ayer, ante las dudas que suscita la colaboración de la Junta, que «el incumplimiento de la medida cautelar» supone un delito de desobediencia a la autoridad judicial.