Francia exige a España que se lleve sus residuos nucleares

MADRID- En un momento en el que sólo se habla de recortar gasto público, España paga 60.000 euros diarios a Francia por las 2.000 toneladas de residuos nucleares que almacena la empresa Areva en aquel país desde que en 1989 se desmantelara la central de Vandellós I. El 31 de diciembre venció el plazo para recuperar los residuos y nuestro país no ha decidido aún dónde va a construir el Almacén Central Centralizado (ATC). El proceso de selección, además, está paralizado.

Por eso, el 1 de enero empezó a contar la deuda con el país galo. Hasta hoy, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha desembolsado más de 15 millones de euros. Desde Areva, la empresa nacional francesa que se ocupa de gestionar estos residuos, son cautos: «La proporción de contenedores de residuos españoles que tenemos es muy pequeña y el número de los que se devolverán a su país está siendo el objeto de conversaciones entre Francia y España», asegura Maxiem Michaut, uno de sus portavoces. La compañía francesa mantiene que los residuos están «inmovilizados en una matriz de vidrio». Sin embargo, son claros con las consecuencias del retraso: «España debe pagar una multa, prevista en caso de que los residuos no se retornaran en el plazo», cuentan.

El accidente de esta semana en el complejo nuclear de Marcoule, al sur del país vecino, donde se encuentra parte de los residuos españoles, es lo que faltaba para impacientar a Francia. Por eso, desde Areva explican que es ilegal que los desechos permanezcan en territorio francés por mucho más tiempo: «Existe una ley francesa y una directiva europea que prevén que los estados europeos no pueden albergar indefinidamente residuos nucleares provenientes de otro país».

Pero la idea del ATC en suelo español está cada vez más alejada de la agenda política. Su construcción, que se realizará en tres fases, costará 540 millones de euros y su estructura ocuparía unas 13 hectáreas. En el proyecto que coordina una Comisión Interministerial también se incluye un centro tecnológico para mejorar el tratamiento del combustible gastado de las centrales. La iniciativa contaba con varias fases fijas para decidir la ubicación de estas instalaciones, pero la única fecha que no está determinada es la decisión final, que se esperaba para noviembre de 2010. Gerardo Casado, portavoz de los Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, confirma que no se resolverá antes de que finalice la legislatura. El principal escollo es que las comunidades autónomas «no se han implicado con la decisión. Somos conscientes de que es un tema muy difícil, pero nadie duda de su necesidad y de la seguridad de estas instalaciones», asegura. Sin embargo, comprende que «el desconocimiento y el miedo a unas instalaciones mal gestionadas» expliquen el temor de los ciudadanos, que preferirían que no se construyera al lado de su casa, a pesar de los beneficios estructurales que generarían, en especial en lo que se refiere a creación de empleo.

«No lo van a decidir en un tiempo largo», afirma tajantemente Antonio Ruiz de Elvira, profesor de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares. A su juicio, los españoles no quieren vivir cerca de un almacén nuclear.

En busca de un lugar seguro
A la espera de la decisión sobre el ATC, sólo queda especular sobre su ubicación, a la que optan siete pueblos de las dos Castillas, Cataluña, Valencia y Extremadura. Para Antonio Ruiz de Elvira, de la Universidad de Alcalá, la mejor zona es el Sistema Central. De acuerdo con su explicación, se requieren «como mínimo 2.000 metros de profundidad», y sólo se podrían excavar en la meseta por el reducido riesgo sísmico.