ERE

El comité se aferra a la confirmación de Guerrero

El comité de empresa de Mercasevilla considera que la confirmación de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, de que el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 era «un apéndice» del de 2003, «confirma» su tesis de que la Consejería de Empleo no puede desligarse de su financiación.

El presidente del comité de Mercasevilla, Rafael Domínguez
El presidente del comité de Mercasevilla, Rafael Domínguezlarazon

El presidente del comité, Rafael Domínguez (CC OO), aseguró a Europa Press que Guerrero «da la razón» al colectivo de prejubilados, cuyas prestaciones han quedado paralizadas. «Es la tesis que venimos manteniendo, que el ERE de 2007 es una continuación de 2003», señala Domínguez. Además, aludió al argumento de Guerrero de que otros expedientes de regulación de empleo aprobados e incentivados en Andalucía siguieron el mismo «método».

«La clave puede ser Rivas»

Mientras, el presidente del PP-A, Javier Arenas, indicó que lo sucedido en Mercasevilla «huele muy mal» y que deben agotarse tres vías: la judicial, la parlamentaria y la administrativa. «La Junta y el PSOE tienen que saber dónde está el dinero y no vale con decir que se han enviado cajas con documentación a los juzgados», indicó Arenas, quien apuntó que «una de las grandes claves puede estar en la respuesta a la pregunta de por qué se mantuvo al ex delegado de Empleo Antonio Rivas durante tantos meses cuando estaba imputado», señaló.


El PP pregunta a Elena Salgado en el Congreso por el «escándalo»
El Grupo Parlamentario Popular ha decidido volver a llevar el «caso Mercasevilla» a la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso y hoy se dirigirá a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, para pedirle que explique en sede parlamentaria qué actuaciones realiza el Ejecutivo ante las irregularidades descubiertas en la gestión de la empresa pública. Así lo confirmó el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, que concretamente definió las supuestas irregularidades detectadas en las prejubilaciones como un «escándalo».