Economía exige a Sanidad informes de la Ley Antitabaco

MADRID- La prohibición total de fumar en todos los lugares públicos es una medida polémica en tiempos de crisis. Sanidad pretende que esté en vigor el 1 de enero de 2011, pero antes tendrá que sortear importantes escollos y las cifras puestas sobre la mesa por los colectivos afectados: los hosteleros ya han alertado del daño que sufrirá su negocio. Pero no son los únicos. El Comisionado del Mercado de Tabacos cree que la prohibición provocará un descenso de la venta en máquinas expendedoras (aunque la ley lo permitirá), lo que puede dar lugar a un mercado paralelo de cigarrillos.

Con estos datos, el propio Ministerio de Economía y Hacienda, que preside el comisionado, ha solicitado formalmente al de Sanidad y Política Social que le remita «los estudios económicos de que disponga» sobre la conveniencia de poner en marcha la nueva ley. Lo ha tenido que hacer en dos ocasiones, ante la falta de respuesta convincente del Departamento de Trinidad Jiménez.

Nuevos problemas
Así lo reflejan sendas cartas, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, remitidas los pasados meses de junio y julio. En la primera, firmada por el presidente del Comisionado del Mercado de Tabacos, Felipe Sivit, solicita a Sanidad los estudios económicos y adjunta otra misiva, redactada por varios miembros del Comisionado, en la que alertan sobre las consecuencias de la eventual entrada en vigor de la prohibición. En esta carta, se detalla que las máquinas expendedoras se convertirán en un «servicio de alto riesgo» para los empresarios, «por las eventuales inspecciones, por la incomodidad de accionar el mando a distancia, por las posibles denuncias de no fumadores, etc...». A cambio, aseguran que sólo obtendrían «150 euros al mes si la máquina del local logra vender 1.000 cajetillas en ese periodo». Como consecuencia, y citando a la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), calculan que «entre un 20 y un 40 por ciento de los titulares autorizados para la venta con recargo decidirán dejar de prestar este servicio».

Falsificación y contrabando
Los miembros del Comisionado resaltan «que existe una correlación entre la disminución del comercio ilícito del tabaco y el crecimiento del parque de máquinas expendedoras en el mercado español». Así que, con la reducción de máquinas, prevén «un crecimiento del comercio ilícito –falsificaciones más contrabando–, lo que tendrá sus implicaciones en la venta regulada del tabaco legal, la producción tabaquera y, también, en la recaudación de impuestos asociados al tabaco». La carta está fechada el 28 de junio pasado.

La respuesta de Sanidad llega tres días más tarde y es escueta. El director general de Salud Pública y uno de los principales «ideólogos» de la ley, Ildefonso Hernández, se limita a señalar que las cuestiones planteadas desde el Comisionado «no nos parecen de relevancia». Asegura que «los supuestos problemas no son tales, como se demuestra por la práctica cotidiana».

Hernández despacha en sólo tres líneas el asunto de los estudios económicos y señala que «deben referirse al impacto económico por pérdida de clientela», pero no los adjunta con la respuesta.

Sin embargo, el director de Salud Pública no pudo olvidarse del asunto tan fácilmente. El pasado día 12 de julio llegaba otra carta con membrete del Ministerio de Economía. El presidente del Comisionado reitera a Hernández que «los estudios a los que hace mención (...) son precisamente los solicitados», por lo que los vuelve a reclamar. La contestación tendrá que esperar.

El presupuesto, a la mitad
Más allá del posible impacto económico en la hostelería de la futura reforma de la ley, Sanidad ya ha comenzado a aplicar la austeridad presupuestaria en su política antitabaco. La primera «víctima» ha sido el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo. Pese a que la entrada en vigor de la nueva norma está prevista para enero, el año que viene verá reducido su presupuesto a la mitad: de 428.000 a 214.000 euros, de acuerdo con datos del Ministerio. Tampoco ha sido excesivo el gasto en campañas de deshabituación, pues en los cuatro años y medio de la actual norma sólo ha habido dos.

TENSIÓNA LA CARTA
28 DE JUNIO
El presidente del Comisionado del Mercado de Tabacos, que depende del Ministerio de Economía, envía a Sanidad una carta en la que le traslada las inquietudes del sector sobre la posibilidad de que el contrabando de tabaco se dispare tras la entrada en vigor de la prohibición de fumar y le solicita estudios económicos sobre el impacto de la ley.
1 DE JULIO
El director de Salud Pública contesta en pocos días, pero no envía los informes requeridos y señala que las objeciones «no parecen relevantes».
12 DE JULIO
El presidente del Comisionado, de nuevo con el membrete de Economía, vuelve a requerir los informes sobre el impacto de la ley a Sanidad.