Cada vez menos y más viejos

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer un estudio en el que afirma, por primera vez en sus 66 años de historia, que el número de españoles, en vez de crecer, va a disminuir. En su Proyección de la Población de España a Corto Plazo (2011-2021), el INE asegura que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, el censo nacional decrecerá un 1,2% en los próximos 10 años, lo que supone una reducción de medio millón de habitantes. Por primera vez también, la tasa de crecimiento poblacional será negativa este año. En algunas comunidades autónomas los datos son especialmente alarmantes: Cataluña –que en 2010 vio aumentada su población en 30.000 habitantes– experimentará en 2011 una disminución de 60.000, recorte que se repetirá todos los años de esta década. De nada servirá que la tasa de fecundidad suba hasta los 1,5 hijos por mujer en 2020: la estructura de nuestra pirámide poblacional hará que el número de nacimientos decrezca debido a que la cifra de mujeres en edad fértil será sensiblemente inferior. Esta caída en los nacimientos se verá agravada por el aumento de los fallecimientos, consecuencia de un creciente envejecimiento poblacional que, para 2021, alcanzará cifras difícilmente sostenibles: habrá 1,4 millones más de españoles jubilados y seis personas inactivas (menores de 16 o mayores de 64) por cada diez en edad laboral. No hace falta ser experto en macroeconomía para entender la seria gravedad de estos datos en un país cuya tasa de paro se sitúa por encima del 20%. Mientras que en Francia y Alemania –por no citar a los países escandinavos– las políticas de apoyo a la familia y de fomento de la natalidad son cuestiones estratégicas y de Estado, en España la situación ha sido muy otra y durante estos últimos siete años el Gobierno ha estado más interesado en repartir preservativos en los colegios, legalizar el matrimonio homosexual, facilitar el divorcio y convertir el aborto en un derecho. No ha existido interés alguno en poner en marcha una política demográfica seria y eficaz que permita a España invertir una tendencia que no es de última hora, sino que ya era grave antes del boom de la inmigración. Las políticas de ayuda a la familia han sido espasmódicas, electoralistas o, sencillamente, inexistentes. Una nación, por encima de su PIB, de su índice bursátil y de la prima de riesgo de su deuda soberana, es antes que nada un conjunto de personas que nacen y crecen en el seno de familias. Perder de vista esta sencilla verdad dejándose llevar por la ideología o por el interés del momento es irresponsable e imprudente. El nuevo Gobierno que salga del 20-N no sólo tendrá que lidiar con la crisis económica, sino que también deberá adoptar medidas drásticas para invertir una tendencia demográfica que nos condena al envejecimiento acelerado, al incremento desmesurado de las jubilaciones y al raquitismo del mercado laboral. En suma, a la quiebra de un Estado del Bienestar que será insostenible por puras causas biológicas. España no dispone de demasiado tiempo para reaccionar, tras perderlo en estos últimos años, porque es ahora cuando se siembra lo que se recogerá en las próximas décadas.