Un control necesario por José Antonio Vera

Buena parte del actual despelote en el gasto público se concentra en las sociedades estatales, autonómicas, locales y provinciales, que abundan como setas por todo el territorio nacional. En principio, una empresa pública no tiene por qué ser necesariamente perversa. Al contrario, si está bien gestionada, no pierde dinero, crea riqueza y puestos de trabajo, es relevante su participación en la economía de la nación. El problema es que eso no suele ser lo habitual, sino todo lo contrario. Hay en total cuatro mil compañías públicas estatales en España, entre sociedades, consorcios, entes autónomos, organismos variados y fundaciones. De ellas, sólo trescientas dependen del Gobierno central, y las tres mil setecientas restantes, de las comunidades autónomas en su inmensa mayoría. Una vez más hay que poner el acento en la ausencia de control sobre las actividades de estas empresas por parte de los gobiernos regionales, que funcionan a su aire creando firmas para gestionar los ámbitos más pintorescos de la actividad económica, haciendo en numerosas ocasiones una competencia desleal a la empresa privada que en ocasiones puede ser letal para la supervivencia de éstas. Es más que razonable, por tanto, que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy esté centrando buena parte de su afán en contener el déficit poniendo coto a esta carrera por crear empresas deficitarias por todos los rincones de la geografía nacional. Teniendo en cuenta que este tipo de sociedades gestionan a su aire y ponen elevadísimos sueldos a sus directivos, con indemnizaciones millonarias en no pocas ocasiones, parece más que justificado el empeño homogeneizador del Ejecutivo. Por ahí se le escapa al Estado un chorro de dinero que podría ser taponado de tomarse medidas contundentes de control, organizando quizás, como hoy informa LA RAZÓN, una sistemática que obligue a todas las administraciones en lo que se refiere a salarios e indemnizaciones.