Los líderes de la huelga dicen que el metro no es un «servicio esencial»

MADRID- Más de seis horas de juicio fueron necesarias ayer para que los implicados en la huelga que dejó sin servicio de Metro a la región durante los días 29 y 30 de junio expusieran las causas por las que consideran que estos paros fueron «ilegales e ilícitos por su carácter abusivo», como mantuvo el representante legal de Metro; o no, como repitieron uno tras otro los siete letrados representantes de todos los sindicatos con representación en la empresa pública de transportes.

El abogado de la compañía mantuvo durante toda la sesión que los servicios mínimos decretados para esas dos jornadas de huelga se habían incumplido «premeditadamente» y comparó esas prácticas huelguistas a las llevadas a cabo por los controladores aéreos. El magistrado pretendía mostrar que esos días se impidió el normal desarrollo de un «servicio esencial» como puede ser el Metro para los habitantes de la Comunidad de Madrid pero se ganó las quejas de los diez imputados y sus acompañantes (la sala 16 de lo Social llegó a llenarse hasta tal punto que la magistrada responsable de juzgar este caso tuvo que habilitar dos bancos más para que los periodistas pudiesen seguir el juicio) que protestaron con toses y carraspeos a las afirmaciones del representante de la empresa. El servicio de autobuses de la EMT y el de Cercanías se incrementó con motivo de la convocatoria de esta huelga, alegaron las defensas de los imputados.

Mas tarde llegó el turno de los responsables del Comité de Empresa y el Comité de Huelga. Vicente Rodríguez, portavoz del Sindicato de Conductores, evitó reconocer como suyas algunas de las declaraciones que durante los paros salvajes realizó a los medios de comunicación, y que la defensa de Metro llevó trascritos como prueba, y aseguró que «los conductores sí asistieron a trabajar pero les fue imposible acceder a su puesto de trabajo». Este fue precisamente otro de los ejes del juicio que ya está visto para sentencia. Félix Martínez Cachón, responsable de la unidad de Recursos Humanos de Metro y testigo en la causa, confirmó, como ya habían asegurado los letrados de los sindicatos, que fue la empresa «ante la falta de personal que comunicara a los viajeros que no había servicio» quien decidió cerrar todas las estaciones de la red entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana del día 29.

Una decisión personal
Asimismo, sin llegar a un acuerdo, empresa y sindicatos ahondaron en si en las asambleas de trabajadores se acordó incumplir los servicios mínimos decretados por la Consejería de Infraestructuras y Transportes o si, como mantienen los representantes de los trabajadores, cada empleado tomó personalmente la decisión de hacer la huelga.

Otra de las argucias de los letrados se centró en un defecto de forma de la demanda. Aseguraron que la Sala de lo Social de Madrid no es la única acreditada para juzgar esta huelga ya que hay trabajadores denunciados con base en las instalaciones de Metro en Alcorcón, Getafe o Fuenlabrada.

La incógnita de los expedientes
- A raíz de los paros salvajes de finales de junio la empresa Metro de Madrid abrió alrededor de 900 expedientes contra los trabajadores que incumplieron los servicios mínimos. Ayer la situación de estos «partes» era completamente según se preguntaba a la empresa o a los sindicatos.
- Los líderes sindicales mantuvieron que ya se habían recibido las conclusiones de estos expedientes que llegaban, incluso, hasta los dos meses de suspensión de empleo y sueldo para los cabecillas de la huelga. Sin embargo, el consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, coincidiendo con la vista por la demanda que Metro presentó en noviembre por incumplimiento de los servicios mínimos, reiteró ayer que la compañía continúa tramitando los expedientes contra los trabajadores implicados en la huelga y reiteró que habrá despidos entre quienes secundaron la huelga salvaje y provocaron el cierre total de la red de Metro.