El Gobierno catalán tiene seis meses para calcular la indemnización a los taurinos

Desde el inicio de este proceso se han manejado diferentes cifras que irían a parar a manos de trabajadores, empresarios y propietarios de recintos taurinos, en el caso de Barcelona es la familia Balañá, los cuales deben cesar de su actividad el próximo 1 de enero de 2012. Según un estudio difundido por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta, la Generalitat debería desembolsar en torno a 300 millones de euros a modo de compensación por las pérdidas que supone dejar de organizar estos acontecimientos.

 Asimismo, el parlamento regional se encargó de excluir los festejos de toros en la calle («correbous»), característicos de la zona sur de la provincia de Tarragona. Este tipo de espectáculos no sufrirán restricción alguna puesto que, según recoge el texto publicado, «se permitirá las fiestas con toros sin muerte, en las fechas y localidades donde tradicionalmente se celebran». La justificación que esgrimen los diputados que secundaron la ILP es el arraigo de los «correbous» en la cultura catalana y no suponen un maltrato de los animales.

Comparaciones
Dentro del texto legal que emanó de las Cortes catalanas, se observa un ataque recalcitrante al mundo de la tauromaquia, puesto que la equipara a las peleas de perros, matanzas públicas de animales, atracciones de feria con animales vivos o con el tiro al pichón, todas ellas prácticas en las que los animales no se cuidan del mismo modo que las reses empleadas para la lidia. Son comparaciones que deforman la cultura e idiosincrasia taurina y que carecen de argumentación sólida.