Con Alaya hemos topao

La Junta está acostumbrada a chasquear los dedos y que se cumplan sus órdenes. Así ha ocurrido en los últimos treinta años, en los que ha ido creciendo en progresión aritmética el número de bedeles al servicio de la Administración, de trabajadores con chaqueta y gorra de plato y de siseñores con cargo al erario público. Sin embargo las cosas están cambiando. En estos momentos es la Justicia la que chasquea los dedos y la Junta, a regañadientes, acata.
Al Gobierno andaluz no le ha quedado más remedio que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las competencias exclusivas sobre la gestión del Guadalquivir. Ahora hay pataleo, chapaleo socialista en aguas revueltas, reunión a alto nivel en La Moncloa para buscar fórmulas variopintas, pero lo cierto es que, tras el movimiento de batuta en Madrid, las competencias vuelan otra vez allende Despeñaperros y Andalucía se quedará como usufructuaria de un río que por muy andaluz que sea y por muchos cinco millones de habitantes que vivan en su cuenca, jurídicamente no es sólo de Andalucía. Y eso, al millón largo de parados que hay en esta tierra –los que deberían ser la preocupación diaria de la Junta–, plin.
La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, también está chasqueando los dedos. Y la Junta, a trompicones, como una mula terca cogida del ronzal, está respondiendo. Alaya es la juez del caso de los ERE irregulares. Y lo está embridando con la diligencia y profesionalidad que se le presupone a una persona que tiene la responsabilidad de vestir mangas anchas de encaje. Sin focos, con contundencia. Alaya lanzó el miércoles un ultimátum al Gobierno andaluz porque la documentación que tenía en ese momento era «a todas luces incompleta e insuficiente». Ayer, el consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo que ya habían mandado otra camioneta con cajas camino del juzgado, donde ya se apilan más de 25.000 folios. No hay nada extraordinario. Lo llamativo es que nos sorprenda que una juez se dirija a la Junta en los mismos términos en los que se dirigiría a cualquier otra parte afectada en una causa. No hace tanto que una ex consejera se refirió en una comisión parlamentaria a los fundamentos de derecho de una sentencia sobre el hotel de El Algarrobico como «literatura». Y entonces no pasó nada. Porque era la Junta la que todavía chasqueaba los dedos.