Le Vert pregunta si el Gobierno siguió negociando con ETA tras la T-4

A saber: ¿Las negociaciones entre el Gobierno y ETA continuaron después del atentado con coche bomba contra la T-4 de Barajas, en diciembre de 2006? y, en este sentido, si ¿las garantías que se le habían dado al terrorista de que sería liberado en caso de arresto, se mantenían después de esta acción criminal?. Se desconoce la respuesta que pudo dar la Justicia española a través de la Audiencia Nacional.

Yurrebaso aseguró, en el momento de ser detenido, que era uno de los miembros de la «mesa negociadora» Gobierno-ETA y que los representantes del Ejecutivo español le habían dado todo tipo de garantías, incluidos dos números de teléfono, de que no sería detenido ni en Francia ni en España. Si, fortuitamente, se producía el arresto, podría seguir su camino sin problemas con sólo hacer una llamada.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado el secreto del sumario que pesaba sobre este asunto, momento en el que LA RAZÓN comenzó a publicar, en la edición de ayer, el contenido de una de las comisiones rogatorias. En ella, la magistrada gala pedía que se realizaran todas las investigaciones para identificar a los titulares de las líneas telefónicas con los números 3468512132 y 346448147190 (parece obvio que el etarra, por razones de seguridad, había quitado un número en el primer caso, y añadido otro, en el segundo). También, solicitaba que se le informara de la fecha en que fueron adquiridas las tarjetas, cuándo entraron en servicio y el tráfico de llamadas.

Las peticiones de Le Vert no ofrecían margen de dudas: que se procediera a «todas las investigaciones necesarias, requisitorias, registros, incautaciones y tomas de declaración» para identificar a los titulares y a los que pudieran haber utilizado los números; todos los datos sobre la fecha de adquisición, la puesta en servicio y, si se hubiera producido, su baja; así como la facturación detallada durante el período de existencia.

Declaración
En caso de ser identificados los titulares de los números, pedía que se les tomara declaración y se les preguntara por su relación con Juan Carlos Yurrebaso. Igualmente, que se realizaran todas las investigaciones necesarias para confirmar las declaraciones de este individuo sobre la existencia de una «mesa» de negociación entre el Gobierno y ETA, de la que formaría parte el terrorista, y si se le habían dado las garantías de que sería puesto en libertad si era detenido tanto en España como en Francia. La magistrada quería saber si esas garantías, de ser ciertas, se habían dado antes de que ETA anunciara la tregua de 2006 (el 24 de marzo).

A este respecto, requería para que se investigara en qué fecha le fueron entregados los citados números de teléfono y si esta entrega correspondía a las razones esgrimidas por el terrorista.
Tal y como publicó ayer LA RAZÓN, Yurrebaso llevaba en un bolsillo de su chaqueta un cartón, en el que había apuntados los citados números, junto a la referencia «España».

También llevaba otros dos de compañías francesas que, según la investigación que se realizó, eran utilizados por un estrecho colaborador del entonces ministro del Interior, Nicolás Sarkozy. Este agente, lejos depurado o sometido a juicios paralelos, fue ascendido en su momento a importantes puestos de responsabilidad.

Península Ibérica
En su declaración, recogida por la juez Le Vert en la comisión rogatoria, Yurrebaso justificaba la negociación entre el Gobierno y ETA porque era un asunto político «muy importante». Según el terrorista, de lo que se trataba era de «lograr con éxito una situación democrática que permitiera a las cuatro provincias de la Península Ibérica ejercer el derecho de autodeterminación». Se refería al País Vasco y Navarra y se cuidó muy mucho de incluir el País Vasco francés delante de la juez.