Cobra 455508 euros en un ERE y no ve ilegalidad porque se los da la Junta

En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, el imputado Alejandro M.T. ha declarado a la juez que había sufrido un infarto y, cuando vio el importe de la póliza que le asignó Guerrero, "pensó que en ese momento se estaba haciendo justicia" y por eso el exdirector general "le dio la vida y desde entonces lo considera amigo y más que amigo".

Un acompañante de este imputado ha protagonizado un incidente a la salida de los juzgados, cuando ha puesto la zancadilla a un fotógrafo de prensa para intentar evitar su trabajo, lo que ha motivado una denuncia en el Juzgado de Guardia, al que el agredido ha aportado un parte de lesiones y los daños sufridos por un objetivo y un flash.

Alejandro M.T., militante del PSOE en El Pedroso (Sevilla), donde era vecino de Guerrero, ha reconocido a la juez de instrucción 6 que compatibilizó la prestación de la Junta, de 1.803 euros mensuales, con otra pensión por incapacidad de 600 euros y con su trabajo como electricista en la empresa que creó con su cuñado.

Tras la liquidación de la aseguradora Fortia, que gestionaba las prestaciones, percibió de una sola vez, el 2 de junio de 2010, la cantidad de 272.612 euros, que destinó a comprar una casa de 120 metros cuadrados, con dos plantas y un patio, en El Pedroso y a arreglar su piso de Sevilla, según la manifestado.

Otro cobro de 265.618 euros
El segundo imputado citado hoy, Rafael R.G., ha reconocido ante la juez que cobró 265.618 euros de una póliza de rentas contratada por la Junta tras quedarse en paro como comercial y pedir ayuda a Guerrero, a quien había conocido cinco o seis años antes en las fiestas de El Pedroso dado que el exdirector general "es muy hablador y charla con todo el mundo".

Estas ayudas recibidas desde abril de 2007 fueron simultaneadas con una prestación por desempleo de unos 980 euros mensuales y, a partir de enero de 2008, con un subsidio para mayores de 52 años de 426 euros al mes.

Según su declaración, no formalizó su petición de ayuda por escrito ante ningún organismo oficial sino en una "conversación telefónica informal"con Guerrero, tras lo cual fue citado en la puerta de El Corte Inglés por un directivo de la consultora que gestionó las ayudas.

La juez Mercedes Alaya ha preguntado a este imputado si no le extrañó tener derecho a esas ayudas, "a diferencia de otras personas en similares o peores condiciones económicas"y por qué, si consideraba que eran unas ayudas legales, no le comentó su percepción a amigos o familiares para que también pudieran beneficiarse.